Autoridad ambiental enfrenta investigación por gestión de represa en Córdoba
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se encuentra bajo investigación de la Procuraduría General de la Nación por presuntas omisiones y negligencias en la operación del embalse Urrá I en el departamento de Córdoba. El ente de control abrió formalmente el proceso este viernes 27 de marzo contra la directora de la ANLA, Irene Vélez, y otros funcionarios, así como representantes de la empresa operadora Urrá S.A. E.S.P.
Acusaciones específicas contra la autoridad ambiental
Según el documento de investigación, se habría incurrido en "una presunta operación negligente" con incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental por parte de Urrá S.A. La empresa habría infringido la regla de operación de la represa hidroeléctrica, priorizando la generación de energía eléctrica por encima de la regulación de caudales para prevenir inundaciones. Además, se señalan fallas en la gestión del riesgo de desastres.
En el caso particular de la directora Vélez, la investigación se centra en una presunta inobservancia ante el incumplimiento de la Curva Guía Máxima (CGM), que establece el nivel máximo del embalse necesario para contar con volumen vacío en caso de crecientes. Esta norma debía ser acatada por la empresa desde 2024.
Respuesta institucional de la ANLA
Frente a las acusaciones, la ANLA emitió un comunicado defendiendo su labor de vigilancia sobre la operación de la hidroeléctrica. La entidad sostiene que ha actuado con "celeridad y contundencia" frente a posibles infracciones ambientales, destacando que desde 2022 ha emitido 242 sanciones, más del 50% durante la dirección de Irene Vélez.
La autoridad ambiental también señaló que el seguimiento al embalse se ha basado en criterios técnicos rigurosos, visitas territoriales y revisión documental. Finalmente, la ANLA reiteró que las empresas generadoras son responsables directas de gestionar riesgos en sus operaciones, y que ante eventos climáticos súbitos, la acción preventiva corresponde al titular de la licencia, municipios, autoridades ambientales regionales y la Unidad de Gestión del Riesgo.
Ampliación de la investigación
La investigación de la Procuraduría también incluye a otros funcionarios:
- Camilo Alexander Rincón, subdirector de la ANLA
- Libardo Márquez, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios
- Omar Camilo López, superintendente delegado de Energía y Gas
- Orlando Rodrigo Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS)
- Enrique Kerguelen, presidente de Urrá S.A.
- Juan Acevedo, expresidente de Urrá S.A.
El proceso investigativo surge luego de que lluvias atípicas a principios de 2026 provocaran inundaciones en la cuenca del río Sinú, afectando comunidades cordobesas. La Procuraduría señala que la intervención de la ANLA habría sido "tardía y reactiva" frente a un patrón de incumplimientos sistemáticos previamente detectados.
En cuanto a la Superintendencia de Servicios Públicos, se indica que esta entidad tenía conocimiento de irregularidades en la operación de Urrá, pero sus actuaciones no fueron "suficientemente proactivas" para evitar el desastre. La investigación busca determinar responsabilidades específicas en la gestión del embalse que alimenta principalmente del río Sinú y sus afluentes.
