Colombia: De emergencia en emergencia sin prevención real contra desastres naturales
Colombia: Emergencias sin prevención real contra desastres

Colombia: Un ciclo interminable de emergencias sin prevención real

En Colombia, la prevención de desastres naturales brilla por su ausencia. Los mandatarios locales, regionales y nacionales han normalizado vivir apagando incendios, como si el caos fuera su destino inevitable. Cada tragedia impredecible se transforma en una fuente inagotable de dinero fácil que engrasa las maquinarias políticas del momento y genera nuevas fortunas en todos los rincones del país.

La corrupción como sombra de cada desastre

Personas inescrupulosas se apropian sistemáticamente de los recursos destinados a ayudar damnificados y reconstruir viviendas e infraestructuras. Cuando aparece una sequía prolongada durante el Fenómeno del Niño, emergen los expertos en comprar barcazas para generar energía. Cuando ocurren terremotos como los de Popayán y Armenia, o cuando lluvias torrenciales inundan vastos territorios como en Córdoba, siempre está presente la mano siniestra de la corrupción enquistada.

No es casualidad que el presupuesto público para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres supere al de casi todos los ministerios y entidades estatales. Incluso su dirección general se ha convertido en uno de los cargos más codiciados por la clase política colombiana.

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El caldo de cultivo perfecto para las tragedias

Ríos que amenazan con desbordarse, carreteras trazadas en terrenos inestables, barrios construidos en laderas peligrosas, municipios levantados sobre fallas geológicas, distritos y comunas producto de invasiones, y la actividad frenética de los invasores de tierras conforman un panorama que parece no tener fin.

Esta realidad defectuosa persiste porque nadie quiere arreglarla verdaderamente. En verano, nadie habla de inundaciones ni se preocupa por las crecientes de los ríos o los derrumbes. La ausencia de planificación se hace evidente cuando la falta de agua dispara los racionamientos eléctricos.

La prevención como asignatura pendiente

En invierno ocurre lo contrario: el exceso de lluvias y el agua que corre sin control se convierten en problemas graves, sin que la prevención haya hecho su trabajo. Los gobiernos parecen felices con este ciclo, pues al ritmo de las lluvias y sequías idean más reformas tributarias, nuevas emergencias económicas y decretos de urgencia que siempre terminan pagando los mismos contribuyentes.

¿Quién no quiere ayudar a las víctimas de las lluvias? Nadie. Pero la pregunta crucial es: ¿por qué no funciona la prevención? Los mismos gobernantes que piden recursos a dos manos son quienes no previenen los desastres. No desalojan barrios en riesgo, no reubican habitantes, no prohíben edificaciones en zonas peligrosas, no hacen cumplir los Planes de Ordenamiento Territorial, no controlan la construcción adecuadamente, no protegen ciénagas y no trabajan eficazmente con las corporaciones autónomas para evitar tragedias futuras.

La emergencia declarada y las preguntas sin respuesta

El Gobierno Nacional ya expidió el Decreto 0150 de 2026, mediante el cual declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. La pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué han hecho estos gobernantes -y todos sus predecesores- para proteger realmente a sus comunidades? La respuesta parece ser: poco o nada.

Siempre será más costoso atender un desastre que invertir en prevención. Por eso se requiere urgentemente una reforma estructural que premie a los gobernantes previsivos y castigue severamente a quienes se lucran de las tragedias, aquellos que ven dinero fácil tras cada inundación.

Las medidas tributarias y la pregunta incómoda

Dentro de los decretos que expedirá el Ejecutivo, como ya lo anticipó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se contempla la creación de un impuesto al patrimonio para empresas. Este se aplicaría a patrimonios líquidos superiores a $10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los $31.424 millones y creciente después.

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Sin embargo, esta medida no se compadece con el pago tradicional de impuestos y deja una pregunta incómoda en el aire: ¿Para dónde se va realmente la plata destinada a la prevención? Mientras no haya transparencia y rendición de cuentas real, Colombia seguirá girando en el mismo ciclo destructivo: de emergencia en emergencia, sin solución verdadera a la vista.