Contraloría General advierte sobre riesgos de demolición de diques en Córdoba sin estudios técnicos
La Contraloría General de la República emitió una advertencia formal al Gobierno Nacional para detener cualquier intento de demolición de diques y compuertas en las zonas inundadas del departamento de Córdoba. El máximo órgano de control fiscal señaló que ejecutar esta medida sin los estudios hidráulicos previos necesarios y sin las autorizaciones ambientales vigentes podría agravar drásticamente la emergencia invernal, situación que actualmente deja a más de 225.000 personas a la intemperie en toda la región.
Respuesta a directriz presidencial sobre estructuras identificadas
El pronunciamiento oficial de la Contraloría responde directamente a la reciente intervención del presidente Gustavo Petro, quien reportó la identificación de 14 estructuras que estarían bloqueando el flujo natural de las aguas en las zonas afectadas. El jefe de Estado había asegurado que dichos diques debían destruirse de inmediato para reducir el impacto de las inundaciones, afirmando que mantenerlos equivalía a "reproducir el gran error de Urrá".
Frente a esta directriz presidencial, la Contraloría fue clara y concisa al indicar que alterar el comportamiento hidrológico de la zona sin los soportes técnicos adecuados expone a las poblaciones locales a "males mayores", además de constituir un riesgo directo para la estabilidad de los terrenos y el patrimonio público de la nación.
Alerta sanitaria por aguas estancadas en cuatro municipios cordobeses
Más allá del debate sobre la infraestructura hidráulica, el riesgo para la salud pública se ha vuelto inminente en la región. Luego de una serie de inspecciones detalladas en los municipios de Montería, Cereté, Lorica y San Pelayo, los auditores de la Contraloría confirmaron el represamiento crítico de las aguas en estas localidades.
El estancamiento prolongado del agua ya ha iniciado procesos de descomposición avanzados, configurando una amenaza sanitaria directa para las comunidades que permanecen rodeadas por las inundaciones. Para mitigar este peligro concreto, la entidad hizo un llamado urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para instalar y operar sistemas de bombeo mecánico de forma rápida y eficiente.
Esta maquinaria especializada sería indispensable para drenar el líquido represado y redirigirlo de manera segura hacia ríos y caños aledaños, evitando así posibles brotes epidemiológicos que podrían complicar aún más la ya difícil situación humanitaria.
Dimensión catastrófica del desastre natural en Córdoba
La dimensión de los desastres naturales en Córdoba exige respuestas inmediatas pero técnicamente sustentadas. Los reportes oficiales más recientes confirman datos alarmantes:
- 81.114 familias afectadas en 25 municipios del departamento
- 150.500 hectáreas de cultivos bajo el agua con pérdidas masivas en el sector agropecuario
- Colapso significativo de la red de servicios y conectividad regional
La infraestructura crítica ha registrado daños considerables que incluyen:
- 65 acueductos con afectaciones severas
- 16 centros de salud dañados o inoperantes
- 464 instituciones educativas con afectaciones
- 124 puentes con daños estructurales
- Más de 1.940 kilómetros de vías con deterioro importante
Seguimiento en tiempo real a recursos de emergencia
Ante la magnitud extraordinaria de los daños reportados, la Contraloría General activó un bloque especial de seguimiento en tiempo real sobre los recursos liberados a través del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, bajo el marco de la Emergencia Económica declarada para atender la crisis.
La lupa del ente de control fiscal está puesta específicamente sobre la UNGRD y las administraciones locales de Córdoba para garantizar que la asistencia técnica y financiera llegue exclusivamente a los damnificados reales, evitando que la improvisación en la gestión de la emergencia posiblemente empeore la tragedia social que vive actualmente el Caribe colombiano.
La Contraloría reiteró que mientras las respuestas a la emergencia deben ser ágiles y contundentes, estas no pueden prescindir del rigor técnico y los procedimientos establecidos, especialmente cuando se trata de intervenciones que modifican sustancialmente el comportamiento hidrológico de territorios ya vulnerabilizados por las inundaciones.
