Contrato millonario para La Mojana desata enfrentamiento entre altos funcionarios del Gobierno
Un contrato estructurado por el Fondo Adaptación, cuyo valor supera el billón de pesos, se ha convertido en el epicentro de un nuevo pulso político dentro del Gobierno colombiano. El proyecto busca mitigar las inundaciones históricas en la región de La Mojana, una de las zonas más vulnerables del país, pero ha generado denuncias cruzadas entre la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.
El megaproyecto para transformar una región históricamente inundada
La intervención corresponde a las llamadas "dinámicas hídricas", una estrategia técnica orientada a recuperar el equilibrio natural del sistema de ciénagas, caños y ríos en La Mojana, región que abarca territorios de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia. El alcance del proyecto incluye:
- Obras hidráulicas: construcción y adecuación de diques, canales y sistemas de drenaje
- Estudios técnicos: análisis hidrológicos y ambientales para definir intervenciones sostenibles
- Recuperación ecológica: restauración de humedales y ecosistemas estratégicos
- Monitoreo y tecnología: sistemas de seguimiento de niveles de agua y comportamiento de los ríos
El contrato se divide en múltiples contratos que rondan, en promedio, los 15.000 millones de pesos cada uno, buscando permitir la participación de distintos contratistas y facilitar la ejecución progresiva del proyecto.
Denuncias de presiones indebidas y posibles irregularidades en pagos
La directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, ha manifestado públicamente su preocupación por posibles presiones indebidas sobre el proceso contractual, riesgos de direccionamiento en la ejecución de los recursos y eventuales irregularidades en la cadena de pagos. Según ha indicado, se trataría de situaciones que podrían comprometer la transparencia del proyecto y abrir la puerta a prácticas corruptas en un contrato de alto impacto social.
Por su parte, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una "tormenta mediática" sin pruebas. Sin embargo, la denuncia ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía e incluye menciones a reuniones informales y posibles intermediarios dentro del proceso contractual.
Comunidades bajo presión y temor a represalias
Líderes de la zona consultados han manifestado que han tenido presiones por parte de funcionarios del Gobierno Nacional cada vez que emiten opiniones sobre la inversión. "Han intentado dividir a la comunidad por opiniones, haciendo ver como malos a los que cuestionan y buenos a los que aplauden lo que se dice desde la UNGRD", expresó un miembro de la comunidad que pidió no revelar su identidad por temor.
Según versiones reveladas, un contratista habría sido víctima de una presunta exigencia ilegal para recibir pagos, solicitándole el 10% del valor del contrato, alrededor de 2.000 millones de pesos, como condición para autorizar desembolsos.
Choque institucional y disputa por el control del proyecto
El caso ha derivado en un enfrentamiento público entre los directivos de las entidades involucradas. Mientras Rodríguez insiste en la necesidad de esclarecer posibles irregularidades y blindar el contrato frente a riesgos de corrupción, Carrillo niega cualquier señalamiento y asegura que se trata de una controversia sin sustento judicial.
El trasfondo del conflicto también pasa por el control de los proyectos estratégicos en La Mojana, una región donde confluyen intereses técnicos, políticos y presupuestales. Además, el Fondo Adaptación y la UNGRD cumplen roles distintos pero complementarios, lo que ha generado tensiones en la ejecución de proyectos de gran escala.
Un contrato clave bajo la lupa de los entes de control
Más allá del choque político, el contrato de La Mojana representa una de las inversiones más relevantes del Estado en gestión del riesgo en los últimos años. Su éxito o fracaso tendrá impacto directo en miles de familias que viven en zonas inundables.
Por ahora, el proceso sigue en ejecución y bajo observación de los entes de control. La Fiscalía deberá determinar si existen irregularidades en los pagos o en la gestión contractual. En paralelo, se han registrado movimientos internos en el Fondo Adaptación, incluyendo la salida de varios funcionarios vinculados a áreas contractuales y financieras, lo que ha intensificado las dudas sobre el manejo del proyecto.
El caso deja al descubierto los retos estructurales de los megaproyectos públicos en Colombia: altos montos, múltiples actores, complejidad técnica y riesgos de corrupción. En medio de ese panorama, La Mojana sigue esperando soluciones concretas mientras el país aguarda respuestas claras sobre cómo se administran los recursos destinados a evitar nuevas tragedias.
