La prestación del servicio de aseo en los municipios de Circasia y Quimbaya, en el Quindío, ha quedado en el centro de una polémica luego de que la Red de Veedurías de Colombia interpusiera una denuncia penal ante la Fiscalía contra directivos y exdirectivos de Nepsa del Quindío S.A. E.S.P.
Usuarios afectados por presuntas trabas administrativas
La organización, liderada por Pablo Bustos, asegura que más de 10.834 suscriptores, equivalentes a unas 37.000 personas, estarían siendo afectados por presuntas trabas administrativas que les impedirían cambiar de operador pese a las inconformidades existentes con la prestación del servicio. Según la denuncia, los usuarios han enfrentado problemas relacionados con la recolección de residuos, incumplimientos en frecuencias y horarios, además de dificultades para concretar el traslado hacia otro prestador del servicio público.
Denuncian fallas en la recolección de basuras
De acuerdo con lo expuesto por la Red de Veedurías, la situación habría derivado en una de las crisis más delicadas para el servicio de aseo en esta región del país. Entre los problemas señalados aparecen presuntas fallas sistemáticas en la recolección de residuos sólidos, deficiencias en el parque automotor y supuestos incumplimientos en los protocolos de mantenimiento de los vehículos utilizados para la operación. La denuncia también menciona posibles afectaciones ambientales por lixiviados y deficiencias en los servicios complementarios conocidos como CLUS, que incluyen corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas y limpieza de zonas ribereñas. A esto se sumarían dificultades en la atención a los usuarios y demoras en los trámites de desvinculación del operador actual, pese a que numerosos ciudadanos habrían cumplido con los requisitos legales y financieros exigidos para solicitar el cambio.
Solicitudes de cambio de empresa represadas
Uno de los puntos centrales de la denuncia tiene relación con las solicitudes de traslado de operador radicadas desde septiembre de 2025. La Red de Veedurías asegura que, aunque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios habría ordenado 562 desvinculaciones, estas no se habrían ejecutado por parte de la empresa. Según los denunciantes, cerca del 95 % de las solicitudes continúan represadas. Además, sostienen que unas 5.000 habrían sido devueltas debido al envío incompleto de documentación ante la Superintendencia. La situación habría generado molestia entre usuarios de Circasia y Quimbaya, quienes, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, aseguran sentirse “secuestrados” por el operador actual al no poder ejercer el derecho a escoger otra empresa prestadora del servicio. Para la Red de Veedurías, esta situación no solo afecta la calidad del servicio público, sino también la salud pública, el medio ambiente y la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de vigilar el sector.
Delitos señalados en la denuncia penal
La acción penal presentada ante la Fiscalía involucra a varios gerentes y exgerentes de la empresa, además de otros directivos de Nepsa del Quindío. Los presuntos delitos mencionados en la denuncia incluyen fraude procesal, prevaricato por acción y omisión, así como abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. La Red de Veedurías también anunció que prepara una acción de grupo en representación de miles de usuarios afectados. El objetivo sería reclamar indemnizaciones por los presuntos perjuicios económicos, sanitarios y ambientales ocasionados por las fallas denunciadas y por las dificultades para cambiar de operador. El caso ahora queda bajo análisis de las autoridades judiciales y de control, mientras en Circasia y Quimbaya continúa creciendo la expectativa sobre las decisiones que puedan adoptarse frente a la prestación del servicio de aseo y las denuncias presentadas por los ciudadanos.
