La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público en el que advierte que, independientemente de la presencia del fenómeno de El Niño, el Estado tiene la obligación de prevenir riesgos y proteger a la población. Esta declaración surge luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informara que el fenómeno, que inicialmente se esperaba para el segundo semestre del año, podría presentarse entre junio y agosto, con una probabilidad del 82 %.
Fenómeno de El Niño podría ser fuerte o muy fuerte
El Ideam descartó la posibilidad de un fenómeno moderado y señaló que las probabilidades actuales indican que será fuerte o muy fuerte. Colombia es altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Según la Defensoría, cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en el país están asociados a factores climáticos, en contraste con un promedio global cercano al 49 %.
Exposición a múltiples fenómenos naturales
La entidad también mencionó la exposición del país a otros fenómenos como sismos, tsunamis y actividad volcánica. Sin embargo, enfatizó que “lo imprevisible, en un escenario de cambio, se vuelve previsible”. La ausencia de acciones para prevenir y mitigar riesgos constituye una grave vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando existen herramientas técnicas y científicas para anticipar escenarios peligrosos.
Impacto en sectores clave
La Defensoría advirtió que el fenómeno podría agravar problemáticas como el riesgo de una crisis energética y afectar sectores como la agricultura y la ganadería, comprometiendo la seguridad alimentaria. Por ello, hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la implementación de acciones preventivas que garanticen los derechos a la vida, la salud, el acceso al agua y los servicios esenciales.
La entidad subrayó que la gestión del riesgo, incluyendo medidas de prevención, no debe ser solo una respuesta ante crisis o emergencias, sino un deber permanente y continuo del Estado.
