La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la coordinación institucional frente al fenómeno de El Niño en Colombia. La entidad advirtió que, independientemente de la presencia de este fenómeno climático, el Estado tiene la obligación de prevenir riesgos y proteger a la población.
Alta vulnerabilidad climática de Colombia
Según la Defensoría, Colombia es altamente vulnerable a la variabilidad y al cambio climático. Cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en el territorio nacional están asociados a factores climáticos, en contraste con un promedio global cercano al 49 %. Esta realidad exige una respuesta estructural y preventiva.
Impactos críticos en sectores clave
Entre los efectos más críticos que podría traer el fenómeno de El Niño se encuentran la disminución de los niveles en los embalses, lo que genera riesgo de crisis energética. Además, la agricultura y la ganadería se verían afectadas, comprometiendo la seguridad alimentaria del país. La Defensoría también advirtió que las altas temperaturas y la escasez de agua generan presiones adicionales sobre la salud pública.
Prevención como deber permanente
El organismo señaló que la ausencia de acciones oportunas para prevenir y mitigar riesgos constituye una grave vulneración de derechos fundamentales, especialmente cuando existen recursos técnicos y científicos capaces de anticipar escenarios peligrosos. “Lo imprevisible, en un escenario de cambio, se vuelve previsible”, subrayó la entidad, al insistir en que no se debe culpar únicamente al clima o a la naturaleza de las afectaciones asociadas a los desastres.
Llamado a la acción preventiva
El comunicado enfatizó que la gestión del riesgo es la manera idónea de evitar que el riesgo se convierta en desastre o, al menos, reducir su impacto. Por ello, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la implementación de acciones preventivas que garanticen los derechos a la vida, la salud, el acceso al agua y a los servicios esenciales.
La entidad concluyó que la prevención no puede ser únicamente reactiva ante crisis y emergencias, sino un deber permanente y continuo del Estado, indispensable para la garantía de los derechos de toda la población.
