Emergencia nacional por lluvias desata medidas fiscales extraordinarias
La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó una situación crítica entre el 27 de enero y el 6 de febrero del presente año, donde 65 emergencias documentadas azotaron el territorio nacional debido a las persistentes precipitaciones. Este fenómeno climático ha generado consecuencias humanitarias y económicas de gran magnitud, requiriendo una respuesta gubernamental inmediata y contundente.
Impacto humanitario y económico de las lluvias
Las cifras oficiales revelan un panorama devastador: más de 69.200 familias afectadas, lo que representa aproximadamente 252.000 personas directamente perjudicadas por las inundaciones y deslizamientos. En cuanto a la infraestructura habitacional, se registraron 11.955 viviendas con averías y 4.158 destruidas completamente. El balance trágico incluye 10 fallecidos y 3 heridos como consecuencia directa de estos eventos climáticos extremos.
El sector productivo no ha sido ajeno a esta crisis. Las afectaciones incluyen:
- 19.798 hectáreas productivas dañadas o inundadas
- 111 vías con afectaciones severas
- 39 puentes vehiculares y 19 puentes peatonales comprometidos
- 38 acueductos, 4 sistemas de alcantarillado y 91 centros educativos con daños
- 23 centros de salud y 18 centros comunitarios afectados en su operación
Medidas fiscales para la reconstrucción
Frente a esta emergencia, el Gobierno nacional ha expedido una serie de decretos que establecen mecanismos de financiación para la atención de la crisis. La meta de recaudo se fija en COP 8 billones de pesos, recursos que se obtendrán mediante nuevos impuestos y que serán destinados prioritariamente a los territorios más afectados: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Entre las medidas tributarias más significativas se encuentra la modificación del impuesto al patrimonio para empresas, que establece:
- Tarifa general del 0,5% para personas jurídicas con patrimonios superiores a 200.000 UVT (aproximadamente COP 10.474 millones)
- Tarifa especial del 1,6% para empresas del sector financiero y minero-energético
- Pago en dos cuotas: 50% el 1 de abril de 2026 y 50% el 4 de mayo de 2026
Alivios para el sector agropecuario
El decreto 0175 implementa medidas específicas para mitigar el impacto en el campo colombiano:
- Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA): dirigido a pequeños productores de bajos ingresos, con beneficios de hasta COP 12 millones para capital o intereses
- Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria: incluye carteras de redescuento y sustitutiva
- Suspensión temporal de procesos de cobro asociados a créditos de fomento agropecuario
- Programa de financiación integral para pequeños productores con componentes combinables como crédito nuevo, subsidios a tasas y periodos de gracia
Facultades extraordinarias para la gestión territorial
Mediante el decreto 0174, el Gobierno adquiere capacidades especiales para:
- Declarar de utilidad pública la adquisición de predios rurales
- Reubicar unidades productivas afectadas por las emergencias
- Acelerar trámites registrales con plazos máximos de un día hábil
- Otorgar facultades especiales a la Agencia Nacional de Tierras para acciones de ocupación, adquisición, saneamiento y deslinde de predios
Contexto fiscal complejo
Estas medidas se implementan en un escenario de presión fiscal significativa. El Presupuesto General de 2026 presenta un faltante cercano a COP 16 billones tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. Adicionalmente, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advierte que el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 agregará al menos COP 5,3 billones al déficit fiscal del próximo año, con impactos proyectados hasta COP 8 billones a partir de 2027.
El nivel de endeudamiento externo también representa un factor preocupante, con una deuda que alcanzó USD 238.721 millones en noviembre de 2025, equivalente al 54,8% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según datos del Banco de la República.
Esta emergencia económica declarada busca articular recursos extraordinarios para enfrentar una de las crisis climáticas más severas de los últimos años, balanceando la urgencia humanitaria con la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano en un contexto económico complejo y desafiante.
