La crisis de los damnificados por el invierno y la necesidad de una respuesta transparente
Los damnificados por las intensas lluvias del invierno en Colombia requieren un apoyo urgente y excepcional, una situación que podría ameritar la declaratoria de emergencia económica para proveer los recursos necesarios. Sin embargo, este proceso se ve ensombrecido por antecedentes de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la proximidad de elecciones, la finalización del periodo de gobierno y la politiquería generalizada. En este contexto, se hace indispensable una transparencia excepcional, planes y proyectos estructurados, así como veeduría institucional y ciudadana en tiempo real.
Los problemas estructurales tras la emergencia
La atención de la emergencia, en cualquier caso, solo será un paliativo temporal. Los problemas de la gente, los del Estado y la incompetencia del gobierno, copartícipes de la situación, seguirán intactos una vez superada la crisis. La pobreza y la cercanía a las fuentes hídricas, el déficit fiscal y una gestión muy débil y anárquica, corroída como nunca antes por la corrupción, difícilmente mejorarán sin cambios profundos. Las emergencias son superadas, en gran parte, por la resiliencia de la condición humana, pero las decisiones que se toman bajo su amparo permanecen durante años en las cuentas públicas. Nadie se toma la molestia de establecer cuántas viviendas se reconstruyeron o cuántas vías se rehabilitaron, y mucho menos cuánta confianza perdió la ciudadanía en las instituciones como consecuencia de malos manejos.
La Ley de Garantías y el uso de recursos públicos
La Ley de Garantías es un instrumento democrático que busca reducir la utilización de los recursos públicos para favorecer a los candidatos de los gobiernos. Sin embargo, en enero pasado, inmediatamente antes de que se aplicara, se firmaron, según un informe de la Contraloría, 521.269 contratos mediante contratación directa por valor de 32,8 billones de pesos. Más que ahorros, hoy Colombia tiene deudas como nunca antes. Nuestra deuda externa pasó de 184.000 millones de dólares en 2022 a 240.000 millones en 2025, sin emergencias, pero con un enorme gasto deliberado por parte del gobierno que los colombianos deberemos pagar.
La situación fiscal y las declaratorias de emergencia
Las dificultades de la situación fiscal son conocidas, lo que no ha impedido al gobierno presentar, reiteradamente, presupuestos desfinanciados, generando una situación que le llevó a decretar una emergencia anterior, claramente injustificada. Las razones pueden ser diferentes, pero las consecuencias son las mismas: falta de previsión y corrupción. En términos jurídicos y políticos, la declaratoria de emergencia termina de inutilizar la Ley de Garantías por parte de un gobierno para el que nunca ha sido importante la eficiencia en la gestión y la lucha contra la corrupción.
Manipulación del sistema y sus efectos
Un ejemplo notorio de manipulación del sistema ha sido el alza inédita, injustificada, ilegal e incomprensible del salario mínimo, un referente clave de nuestro ecosistema económico. Su incremento abusivo e irracional en apariencia beneficia a 2,4 millones de trabajadores, pero perjudica a todos los colombianos a través de la inflación. El gobierno conoce de sus efectos y pudo prever una decisión como la expedida por el Consejo de Estado. Ahora vendrá el recurso de la politiquería: la movilización, el sitio a las cortes y la confrontación. “Ahora empieza lo bueno”, anticipó hace unos meses el presidente cuando se declaró la inconstitucionalidad de una de sus emergencias.
El estado permanente de emergencia
Infortunadamente, lo que puede ser bueno para él y sus incautos seguidores con frecuencia es nefasto para una Colombia que, desde la llegada de Gustavo Petro, permanece en permanente estado de emergencia por cuenta de su confusión, improvisación y desatinos. Este ciclo de crisis y respuestas inadecuadas subraya la necesidad urgente de reformas estructurales y una gestión pública más transparente y eficiente.
