Ejército desmantela operaciones de minería ilegal en Antioquia y Chocó con impacto millonario
En una operación coordinada de gran envergadura, el Ejército Nacional de Colombia logró inhabilitar 88 unidades de producción minera en los departamentos de Antioquia y Chocó, afectando directamente las finanzas de estructuras criminales vinculadas al 'clan del Golfo'. El despliegue militar, ejecutado en menos de diez días, generó un impacto económico estimado en 26.847 millones de pesos en rentas ilícitas derivadas de la extracción ilegal de oro.
Operación conjunta contra la explotación ilícita
La intervención fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (Conat) en coordinación con la Fiscalía General, la Policía Nacional y su Dirección de Carabineros y Protección Ambiental. Las acciones se concentraron en zonas donde, según inteligencia militar, operan redes del grupo armado organizado 'clan del Golfo', siendo ejecutadas por la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros mediante operaciones simultáneas en múltiples puntos de ambos departamentos.
Despliegue territorial y equipos intervenidos
En el corregimiento de Chintadó, municipio de Yuto, Chocó, las tropas con apoyo del Batallón de Infantería N.º 12 ubicaron y inhabilitaron 69 unidades de producción minera, incluyendo 22 dragas tipo buzo y 10 excavadoras. El material intervenido en esta zona fue valorado en 4.974 millones de pesos y fue neutralizado en el sitio para impedir su reutilización en actividades extractivas ilegales.
Mientras tanto, en Antioquia, específicamente en el sector Aguacates de El Bagre y la vereda Caño La Tres en Zaragoza, los uniformados inutilizaron 11 unidades de producción minera y 11 dragas tipo buzo. Según información oficial, estos equipos eran empleados por la subestructura Uldar Cardona del 'clan del Golfo', representando una afectación económica estimada en 2.988 millones de pesos.
Otra intervención significativa se desarrolló en el sector Mandinga, vereda río Man, en Cáceres, Antioquia, donde fueron inhabilitadas ocho unidades de producción minera a cielo abierto, avaluadas en 69 millones de pesos, vinculadas a la subestructura Yeison Leudo Chaverra de la misma organización criminal.
Impacto económico y ambiental
De acuerdo con los reportes de las autoridades, las unidades intervenidas tenían una capacidad de extracción mensual de 52.550 gramos de oro. En el mercado internacional, esta producción alcanzaría un valor cercano a los 26.847 millones de pesos, recursos que, según la fuerza pública, nutrían directamente las finanzas de estructuras armadas y redes criminales dedicadas a la minería ilegal.
El componente ambiental también fue parte fundamental del balance operativo. Con la destrucción de la maquinaria se busca reducir significativamente la contaminación por mercurio y otros metales pesados en los afluentes de estas zonas, así como frenar procesos de sedimentación, deforestación y deterioro de suelos. Informes técnicos especializados advierten que la recuperación de áreas impactadas por este tipo de explotación minera ilegal puede tardar entre 40 y 50 años, evidenciando el daño ecológico de largo plazo.
Marco legal y compromiso institucional
La explotación de yacimientos sin título minero constituye una violación directa a lo establecido en la Ley 685 de 2001, Código de Minas, generando efectos devastadores sobre los recursos naturales y sobre las comunidades que dependen de las fuentes hídricas para su sustento diario. En este contexto, el Ejército Nacional anunció que mantendrá operaciones coordinadas con diversas entidades del Estado para enfrentar de manera permanente la extracción ilícita de minerales en distintas regiones del país, reforzando la estrategia integral contra este flagelo que afecta tanto la seguridad como el medio ambiente colombiano.
