El caso del sargento que denunció irregularidades y fue retirado del Ejército
Durante el pasado fin de semana, las redes sociales se inundaron con mensajes sobre la salida del sargento viceprimero John Anderson Hernández Vergara del Ejército Nacional. Las publicaciones presentaron el hecho como una posible retaliación por sus críticas públicas y como una muestra de abuso de poder dentro de la institución castrense. Sin embargo, documentos oficiales revelan que su retiro se fundamentó en un proceso disciplinario que lleva varios años en trámite.
Un proceso que data de 2020
La separación del suboficial se materializó el 17 de abril de 2026, pero su origen se remonta a una investigación disciplinaria iniciada en 2020. Según información conocida, la decisión no respondió a episodios recientes de denuncias públicas, sino a un fallo de segunda instancia confirmado por el Comando General de las Fuerzas Militares en junio de 2023.
El documento, fechado en Bogotá, corresponde al fallo dentro de la Investigación Disciplinaria No. 043 de 2020. Allí se estudió un recurso de apelación presentado por la defensa del uniformado contra una decisión previa del Comando del Batallón de Infantería No. 22 Batalla de Ayacucho.
Los cargos y las sanciones
Según la providencia, al sargento Hernández Vergara se le sancionó por "haber cometido de manera intencional la falta gravísima descrita en el artículo 76 numeral 71 de la Ley 1862 de 2017", relacionada con injuriar o agraviar de forma grave a un superior sobre asuntos del servicio. Los hechos analizados ocurrieron a partir de varias publicaciones en redes sociales donde cuestionaba a mandos de su unidad, utilizaba expresiones ofensivas contra superiores y formulaba críticas internas sobre el funcionamiento del batallón.
El expediente también incorpora una publicación atribuida al suboficial en Facebook, fechada el 10 de noviembre de 2019, en la que escribió: "Invito a que las antiguas auc (...) a organizarse y organizar el país de nuevo". Este texto fue incluido dentro del material valorado por la autoridad disciplinaria que tomó la decisión final.
La defensa y la apelación desierta
La decisión de primera instancia declaró disciplinariamente responsable al uniformado y le impuso como sanción la "separación absoluta e inhabilidad general por un término de cinco años". Posteriormente, la defensa apeló, pero el recurso fue declarado desierto porque se presentó por fuera del término legal previsto en la Ley 1862 de 2017. En consecuencia, el Comando General dejó en firme la decisión adoptada en marzo de 2022 y se abstuvo de estudiar de fondo los argumentos de la defensa.
En la parte resolutiva, la autoridad militar ordenó devolver el expediente al Batallón Batalla de Ayacucho para ejecutar la sanción y remitir copia a las dependencias encargadas de su cumplimiento. El fallo también señaló que contra esa providencia no procedía recurso alguno.
La versión del sargento Hernández Vergara
Contactado por este medio, el sargento Hernández Vergara aseguró que sus problemas disciplinarios comenzaron con el coronel Gavilán, a quien señaló de haberle abierto múltiples procesos tras varias denuncias en su contra. Según relató, cuenta con testigos de conversaciones en las que, presuntamente, se hablaba de "formalizar dinero" y de prácticas internas irregulares.
También rechazó los señalamientos de haber promovido grupos armados al margen de la ley. "Eso es falso", afirmó y explicó que la única expresión que reconoce haber dicho surgió luego de denunciar a un teniente que, en plena pandemia, se encontraba en un bar. "Eso fue lo único que dije, no dije nada más", sostuvo.
Denuncias de irregularidades y presunta represalia
En su versión, Hernández Vergara indicó que dentro del Ejército se habría movido "una mafia oficialista" para que el fallo disciplinario saliera en su contra. Afirmó que la decisión fue firmada en 2022 con el propósito de destituirlo, aunque durante cuatro años no se ejecutó porque, a su juicio, el proceso presentaba fallas. Señaló además que durante ese tiempo tampoco se le permitió ascender.
El suboficial relacionó la ejecución reciente de la sanción con nuevas denuncias que asegura haber hecho sobre presuntos casos de:
- Maltrato dentro de la Octava Brigada
- Tráfico de influencias
- Manejo irregular de permisos especiales para armas
- Supuestos encuentros del coronel con personas interesadas en comprar armamento
- Entregas de regalos para oficinas internas
Según dijo, tras exponer esos hechos fue retirado de la institución sin recursos económicos y perdió su asignación de retiro. "Como un sargento fue el que denunció todas las cochinadas, me echan así", expresó con evidente frustración.
La posición institucional del Ejército
Por otra parte, fuentes del Ejército indicaron que durante el recorrido jurídico de salida del sargento, la defensa interpuso acciones de tutela contra la decisión de segunda instancia, lo que mantuvo el proceso detenido durante un periodo. Una vez resueltos esos recursos, el expediente volvió a avanzar conforme a la Ley 1862 de 2017, régimen disciplinario militar.
Señalaron que en mayo de 2025 el batallón subsanó observaciones hechas por Coper y remitió nuevamente la documentación para la emisión de la resolución definitiva. Añadieron que ese despacho también debe revisar expedientes de oficiales y suboficiales sancionados, razón por la cual los tiempos administrativos pueden extenderse.
Finalmente, la resolución quedó en firme el 17 de abril de 2026 y, según indicaron, desde ese momento la ejecución de la sanción era inmediata. Voceros del Ejército sostienen que la decisión corresponde "exclusivamente a un proceso antiguo ya resuelto" y aseguraron que las publicaciones recientes "no originaron la sanción, aunque sí dieron paso a nuevas actuaciones internas y penales por presuntas calumnias, injurias y amenazas contra varios oficiales mencionados en los videos difundidos".
Un caso que deja interrogantes
La coincidencia temporal entre la salida del suboficial y las publicaciones que realizó en redes sociales abrió legítimos cuestionamientos sobre una posible represalia por sus denuncias. Mientras el Ejército insiste en el carácter técnico y antiguo del proceso disciplinario, el sargento Hernández Vergara mantiene su versión sobre irregularidades no investigadas y un sistema que, según él, castiga a quienes se atreven a señalar problemas internos.
El caso pone en evidencia las tensiones entre la disciplina castrense y el derecho a la denuncia, así como los complejos mecanismos de justicia militar que, en ocasiones, pueden interpretarse de maneras diametralmente opuestas por las partes involucradas.
