Defensoría del Pueblo advierte sobre grave riesgo humanitario en Norte de Santander
La Defensoría del Pueblo ha emitido su séptima Alerta Temprana de Inminencia del año 2026, enfocándose en el alarmante incremento del riesgo de violaciones a los derechos humanos en los municipios de Cáchira y La Esperanza, ubicados en el departamento de Norte de Santander. Según el informe oficial, esta situación crítica se debe principalmente a la expansión territorial del grupo armado conocido como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), considerado un heredero del paramilitarismo en Colombia.
Expansión territorial y control violento
La entidad defensorial ha documentado que la ACSN ha incrementado significativamente su presencia en esta región del nororiente del país, aprovechando el repliegue del Clan del Golfo. Este avance le ha permitido consolidar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y la subregión del Catatumbo. En medio de este proceso de expansión, se han registrado numerosas acciones violentas destinadas a imponer un control férreo sobre la población civil.
Entre los hechos más graves reportados se incluyen:
- Homicidios selectivos utilizados como mecanismo de intimidación.
- Establecimiento de retenes ilegales en vías públicas.
- Interceptación y control del transporte público.
Solo en el año 2025, el municipio de La Esperanza registró 11 asesinatos, la cifra más alta en los últimos cinco años, lo que evidencia una escalada de violencia sin precedentes en la zona.
Confrontaciones armadas y vulneraciones al DIH
La alerta también destaca el riesgo inminente de una posible confrontación armada en la zona alta de La Esperanza, debido a la presencia concurrente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas FARC, específicamente el frente 33 liderado por alias “Calarcá Córdoba”, que operan desde el Catatumbo. Estos grupos armados estarían cometiendo graves vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluyendo:
- Imposición de toques de queda arbitrarios.
- Extorsiones sistemáticas a comerciantes y ganaderos.
- Presiones para la siembra de cultivos de coca ilícitos.
- Ocupación indebida de escuelas rurales, afectando el derecho a la educación.
Poblaciones en alto riesgo y recomendaciones urgentes
El informe subraya que el riesgo es particularmente elevado para niñas, niños y adolescentes, quienes podrían ser víctimas de reclutamiento forzado o captación mediante presiones y ofrecimientos económicos. Asimismo, líderes sociales, servidores públicos y defensores de derechos humanos han recibido amenazas directas por oponerse a las economías ilegales o denunciar la presencia de estos grupos armados.
Frente a esta crisis, la Defensoría del Pueblo formuló 16 recomendaciones urgentes dirigidas a entidades del Gobierno nacional y autoridades regionales. Entre las instituciones clave mencionadas se encuentran:
- Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa.
- Fiscalía General de la Nación.
- Unidad Nacional de Protección y Unidad para las Víctimas.
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El objetivo central de estas recomendaciones es implementar acciones efectivas de prevención, protección y atención para evitar nuevas afectaciones a la población civil y mitigar el impacto humanitario en la región.
