Defensoría del Pueblo alerta sobre expansión de grupo armado en Norte de Santander
La Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana de inminencia tras registrar un grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos en los municipios de Cáchira y La Esperanza, ubicados en el occidente del departamento de Norte de Santander. Esta advertencia se produce debido a la expansión territorial acelerada de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), anteriormente conocidas como 'Los Pachenca'.
Control territorial y corredor estratégico
Según el órgano de control dirigido por Iris Marín, este grupo armado ha pasado "de una presencia discreta a un control territorial efectivo" en la región. La estructura armada de las ACSN, que según cifras de inteligencia cuenta con aproximadamente 1.000 integrantes, ha incursionado desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar con el objetivo de controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y la región del Catatumbo.
La Defensoría señaló que esta expansión se ha visto facilitada por el repliegue del Clan del Golfo (también denominado AGC) en la zona, permitiendo a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada consolidar su presencia de manera más agresiva.
Violencia y control sobre la población civil
El documento de advertencia detalla múltiples conductas violentas que buscan imponer una autoridad de facto en el territorio:
- Durante 2025, el municipio de La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más alta en los últimos cinco años, utilizados como mecanismo de limpieza social y control sobre la población civil.
- Instalación de retenes ilegales e intercepción del transporte público, incluyendo un incidente del 19 de enero pasado donde hombres armados intimidaron a pasajeros y marcaron vehículos con graffiti e insignias del grupo.
- Imposición de toques de queda periódicos, regulación de la conducta social y extorsiones sistemáticas a comerciantes, ganaderos y pequeños emprendimientos locales.
- Ocupación indebida de escuelas rurales y presiones para imponer cultivos de coca, amenazando directamente la economía cafetera lícita que varias comunidades han fortalecido como estrategia de paz.
Riesgo de confrontación armada y afectaciones humanitarias
La alerta también advierte sobre el riesgo inminente de enfrentamientos armados en la zona alta de La Esperanza debido a la presencia simultánea del ELN y de las disidencias de las extintas Farc, específicamente el Frente 33, que tendría capacidad de proyección desde el Catatumbo.
Según la Defensoría, esta situación "podría derivar en desplazamientos masivos y confinamientos" en comunidades rurales de la región, generando nuevas afectaciones humanitarias para la población civil.
Poblaciones en especial riesgo
El organismo de derechos humanos identificó grupos particularmente vulnerables:
- Niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes estarían siendo blanco de estrategias de reclutamiento forzado mediante ofrecimientos económicos o coacción para "proteger" a sus familias.
- Servidores públicos, líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes han denunciado amenazas de muerte por oponerse a las economías ilícitas o por el ejercicio de sus funciones, llevando a varios a solicitar medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Recomendaciones urgentes
Ante este panorama crítico, la Defensoría formuló 16 recomendaciones urgentes dirigidas a entidades como los ministerios del Interior y de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y autoridades locales. El organismo pidió "mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad" mediante acciones urgentes de:
- Disuasión y prevención del avance de grupos armados
- Protección especializada para poblaciones vulnerables
- Atención integral para la población civil afectada
- Fortalecimiento de la presencia institucional en la región
La alerta temprana representa un llamado contundente a las autoridades nacionales y regionales para tomar medidas inmediatas que eviten el agravamiento de la crisis humanitaria y de derechos humanos en esta estratégica región del país.
