Operativo en zona rural de Buenaventura desarticula red de suministro de armas
En una acción coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Armada Nacional, fueron capturadas cuatro personas señaladas de integrar el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la vereda San Cipriano, zona rural de Buenaventura. El procedimiento se realizó mediante diligencia de registro y allanamiento, afectando directamente la cadena logística de grupos armados en la región.
Detenidos y material incautado
Los individuos detenidos fueron identificados como:
- Alejandro Saavedra Triviño, alias Pelusa
- Dumar Camilo Vaca Saavedra, alias Flaco
- Jhon Kennedy Minota Guerrero, alias El Viejo
- José Rafael Murillo Granados, alias El Mono
Durante el operativo, las autoridades lograron incautar un arsenal considerable que incluía:
- Dos fusiles
- Un revólver
- Siete proveedores para fusil
- Una granada de fragmentación
- 88 cartuchos de diferentes calibres
- Elementos de intendencia militar (uniformes, botas y chalecos tipo arnés)
Destino del armamento y contexto del conflicto
Según información de inteligencia, el material bélico decomisado estaba destinado al grupo delincuencial conocido como 'los Shottas', una estructura criminal que opera en la región custodiando puntos de acopio y rutas de tráfico de estupefacientes. Las investigaciones indican que este armamento buscaba reforzar la capacidad operativa de 'los Shottas' en medio de la confrontación que mantienen con otro grupo delincuencial denominado Los Spartanos.
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que "este procedimiento permite afectar la articulación logística entre estructuras insurgentes y organizaciones delincuenciales urbanas". El oficial agregó que "con esta acción se impacta una alianza que buscaba fortalecer actividades relacionadas con rentas ilícitas".
Consecuencias legales para los detenidos
Los cuatro capturados fueron puestos inmediatamente a disposición de un juez de control de garantías, quien declaró legal el procedimiento realizado por las autoridades. La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. Como resultado, el juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento penitenciario para todos los implicados.
Este operativo representa un golpe significativo a las redes de suministro de armas en el Pacífico colombiano, donde la convergencia entre grupos insurgentes y organizaciones criminales urbanas ha generado ciclos de violencia que afectan directamente a las comunidades. Las autoridades continúan investigando los vínculos entre estas estructuras y su participación en otros delitos como homicidios selectivos, extorsiones y control territorial para actividades ilícitas.
