Alerta humanitaria en Chocó por confinamiento masivo impuesto por el ELN
La gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, denunció públicamente una grave situación de violencia que mantiene confinadas a más de 6.000 personas en el municipio de Bajo Baudó. Según la mandataria, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) impuso desde las 00:00 horas del martes 17 de marzo un constreñimiento armado ilegal que afecta directamente a las comunidades ribereñas.
Comunidades afectadas y restricciones de movilidad
El bloqueo armado se estableció específicamente en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa, principales vías de comunicación y transporte para los habitantes de la zona. Esta medida ha limitado severamente:
- La movilidad de 16 comunidades afrodescendientes
- El acceso a alimentos de 10 comunidades indígenas
- El transporte fluvial, medio esencial de conexión
- El abastecimiento normal de productos básicos
"Se presenta confinamiento ilegal a 6.047 personas debido al anuncio de constreñimiento armado indefinido por parte del ELN", declaró Córdoba Curi a través de sus redes sociales, destacando la vulnerabilidad de las poblaciones que dependen completamente de los cursos fluviales para su subsistencia diaria.
Contexto de violencia creciente en la región
Este incidente representa el tercer ataque consecutivo que sufre la zona en medio de una escalada de violencia que preocupa a las autoridades. La gobernadora recordó que apenas el día anterior, el mismo grupo armado había atacado la estación de Policía de Santa Rita en el municipio de Río Iró, utilizando granadas lanzadas desde drones en una acción que demuestra la sofisticación de sus métodos.
La situación de inseguridad también se ha extendido a otros municipios como San José del Palmar, donde se han registrado acciones similares en el pasado. Según fuentes oficiales, desde el año 2023 se han contabilizado aproximadamente 12 constreñimientos armados contra la población civil en el departamento, generando un clima permanente de temor e incertidumbre.
Respuesta institucional y medidas de seguridad
Frente a este complejo panorama, la gobernadora del Chocó anunció la instalación inmediata de un consejo de seguridad con participación de múltiples entidades:
- Fuerzas Militares colombianas
- Policía Nacional
- Ministerio Público
- Autoridades departamentales
"En este momento instalamos consejo de seguridad, con presencia de todas las fuerzas y el ministerio público, para abordar este complejo panorama en el orden público departamental", señaló Córdoba Curi durante su intervención pública.
Antecedentes y riesgos potenciales
La mandataria regional advirtió sobre el riesgo latente de nuevos ataques, recordando que en ocasiones anteriores se han presentado acciones violentas que han afectado directamente a miembros de la Fuerza Pública en localidades como Sipí, Guarato y San José del Palmar. Aunque en el incidente actual no se han reportado afectaciones a uniformados, la situación mantiene en máxima alerta tanto a las autoridades como a las comunidades.
Desde la Gobernación del Chocó se rechazó categóricamente los hechos delincuenciales perpetuados por grupos armados en el territorio, destacando que estas acciones violan sistemáticamente los derechos humanos de la población civil. Mientras tanto, las autoridades continúan desarrollando planes operativos para contrarrestar las acciones del ELN y otros grupos como el Clan del Golfo que operan en la región.
La crisis humanitaria en Bajo Baudó refleja la persistente vulnerabilidad de las comunidades rurales del Chocó frente a la violencia armada, poniendo en evidencia los desafíos que enfrenta el Estado colombiano para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales en territorios históricamente afectados por el conflicto.
