El Clan del Golfo en su punto máximo de expansión negocia desmovilización
El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), se encuentra en un momento histórico de negociación para su desmovilización justo cuando alcanza su mayor expansión territorial y capacidad operativa. Con aproximadamente 9.840 miembros y presencia en 296 municipios de 17 departamentos, esta organización representa la mayor amenaza para la seguridad nacional colombiana.
Expansión sin precedentes
Entre 2022 y 2025, el grupo aumentó su pie de fuerza en un 140%, pasando de 4.099 a casi 10.000 integrantes. Su presencia territorial se duplicó durante el mismo periodo, extendiéndose de 145 municipios en 13 departamentos a 296 municipios en 17 departamentos. Esta expansión responde a una estrategia agresiva de reclutamiento que incluye antiguos miembros del ELN, excombatientes de las FARC-EP e incluso exintegrantes de la Fuerza Pública.
Diálogos bajo presión internacional
Las negociaciones de desmovilización iniciadas en septiembre de 2025 en Catar enfrentan múltiples desafíos. El proceso se suspendió durante 13 días después de que el presidente Gustavo Petro se comprometiera con su homólogo estadounidense Donald Trump a priorizar la captura de Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo", máximo jefe del Clan. Aunque las conversaciones se reactivaron, el incidente evidenció la complejidad de negociar con el grupo ilegal más grande del país.
Características únicas del proceso
Este diálogo presenta elementos diferenciadores respecto a otros procesos de la Paz Total. Primero, el Clan acepta discutir una desmovilización completa que incluye entrega de armas y sometimiento a la justicia. Segundo, la agenda no plantea reformas estructurales del Estado sino objetivos concretos como desmontar sistemas de extorsión y reemplazarlos por presencia estatal. Tercero, por primera vez en Colombia se utiliza formalmente la figura de países mediadores: Catar, Noruega, Suiza y España.
Estructura y financiación diversificada
El EGC se organiza alrededor de un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras. Su modelo de financiación se ha diversificado más allá del narcotráfico para incluir minería ilegal (su segunda fuente de ingresos), extorsión, control de economías legales e ilegales, microtráfico, prostitución, contrabando y cobro de "vacunas" a comerciantes y contratos públicos. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el grupo ofrece salarios mensuales desde 1,5 millones de pesos para informantes hasta 17 millones para comandantes de frente.
Avances y acuerdos en Catar
En los cinco meses de diálogos en Doha se han realizado dos ciclos de conversaciones con avances significativos. Se seleccionaron cinco municipios para implementar acciones piloto de transformación territorial y se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal en Córdoba y Chocó. El Clan se comprometió a censar a menores dentro de sus filas para entregarlos al ICBF, no interferir en procesos electorales y suspender temporalmente el "impuesto de guerra" a comercios legales.
Retos estructurales y riesgos
La FIP identifica al menos tres desafíos críticos: la capacidad institucional del Estado para cumplir compromisos en 15 municipios priorizados, la gestión de ajustes internos en la estructura de mando del EGC, y la necesidad de definir un marco jurídico para el desarme y reintegración antes del fin del gobierno Petro. Existe el riesgo latente de que, en el intento por estabilizar territorios, se validen indirectamente las lógicas de gobernanza ilegal del grupo.
Motivaciones para la desmovilización
A pesar de su éxito operativo, los altos mandos del Clan tienen al menos cinco razones para negociar: reconocimiento formal como actor del conflicto, elevados costos de mantenimiento (con una nómina mensual estimada en 5.500 millones de pesos), riesgo de neutralización por la Fuerza Pública, expectativa de legalizar parte de sus ganancias, y agotamiento general por la ilegalidad.
Perspectivas futuras
El objetivo actual es aumentar las probabilidades de que un próximo gobierno dé continuidad a la negociación, aunque es poco probable alcanzar un acuerdo definitivo antes del cambio de administración. La clave será actuar con realismo, mantener estrategias de seguridad complementarias y desarrollar un marco jurídico atractivo para el grupo pero legítimo frente a víctimas y ciudadanía. Cualquier error en los meses restantes podría revertir los avances alcanzados en este complejo proceso.
