Cuatro miembros del ELN enfrentan cargos por desplazamiento forzado en Arauca
La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por su participación en un caso de desplazamiento forzado ocurrido en la zona rural de Arauquita, departamento de Arauca. Los hechos se remontan a principios de marzo de 2026, cuando una familia se vio obligada a abandonar su finca tras recibir amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano.
Los acusados y sus roles en la intimidación
Según la investigación fiscal, los cuatro señalados actuaron de manera coordinada para forzar el desplazamiento de las víctimas y apoderarse del predio, con el objetivo de convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en la zona fronteriza. Los imputados son:
- Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, quien habría articulado la acción criminal desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y la ocupación del bien.
- Carlos Daniel Pallares Yaruro, presuntamente responsable de ejercer amenazas directas contra las víctimas.
- Martín Salcedo Pérez, señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública.
- Daiber Yair Rojas González, a quien se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Imputación de delitos y contexto del caso
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales ha imputado a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los elementos materiales probatorios recopilados indican que la familia abandonó su propiedad en medio de un clima de intimidación, lo que refleja un patrón de violencia utilizado por grupos armados para controlar territorios estratégicos en zonas de frontera.
Este caso subraya los desafíos persistentes en materia de seguridad en regiones como Arauca, donde el ELN mantiene una presencia activa. La judicialización de estos individuos representa un paso significativo en los esfuerzos por combatir la impunidad y proteger a las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto armado.
