Desplazamiento masivo en Nariño por guerra de narcotráfico
Más de 200 familias nariñenses atraviesan un verdadero viacrucis humanitario tras ser desplazadas forzosamente por los intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico en el norte del departamento. La situación, que ya completa más de 10 días, mantiene en zozobra a comunidades enteras que han tenido que abandonar sus hogares.
Un drama humanitario en aumento
Las familias desplazadas se encuentran actualmente alojadas en una residencia estudiantil y en viviendas particulares del corregimiento de Sidón y el casco urbano del municipio de Cumbitara. Según informó la Defensoría del Pueblo, los combates comenzaron el pasado 23 de marzo y han generado un desplazamiento masivo que no cesa.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, condenó enérgicamente estos hechos a través de su cuenta de X, señalando que "rechazo categóricamente las confrontaciones protagonizadas por estructuras armadas ilegales en la zona de cordillera, las cuales generan una grave afectación a la población civil y alteran las condiciones de seguridad en el territorio".
Los actores del conflicto
Los enfrentamientos involucran al frente 'Franco Benavides' de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, los 'Comuneros del Sur' y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). Esta compleja dinámica de violencia ha obligado a más de 166 familias provenientes de Desplayado, Boca de Mares, La Florida, San Agustín y San José de Bijao a abandonar sus hogares.
La Defensoría del Pueblo advirtió que "no se descarta que en las próximas horas y días puedan llegar más personas desplazadas", lo que agravaría aún más la crisis humanitaria. La entidad recordó que el desplazamiento forzado constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
Respuesta institucional y llamado urgente
El gobernador Escobar anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar la situación y articular respuestas institucionales. "Hemos solicitado de manera inmediata la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario hoy en la tarde para evaluar la situación, articular respuestas institucionales y adoptar medidas urgentes frente a esta crisis", precisó el mandatario.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a:
- Los grupos armados para que cesen inmediatamente los combates
- Los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud
- La Unidad para las Víctimas y el ICBF
- Otras entidades competentes para activar protocolos de atención
Un escenario de violencia anunciado
Este complejo escenario de violencia ya había sido alertado días atrás por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Ocha Colombia, quienes señalaron que desde las dos primeras semanas de marzo los desplazamientos masivos no solo ocurren en Cumbitara, sino también en los municipios de El Charco, Barbacoas y Ricaurte.
La situación se ha visto agravada por dos homicidios registrados los días 16 y 17 de marzo, el primero en el resguardo Tortugaña Telembí (Barbacoas) y el segundo en San Lorenzo (Ecuador), en la frontera con Colombia. Estos hechos desencadenaron amenazas y un aumento del control social por parte de los grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que estas acciones "configuran una ruptura de la estabilidad territorial y del control institucional porque afectan directamente los avances en seguridad y convivencia, así como los esfuerzos de consolidación de paz territorial en el departamento".
