Disidencia de las FARC bloquea acceso de organismos internacionales en territorios bajo su control
La disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco, conocida como Estado Mayor Central (EMC), ha anunciado este 18 de marzo la prohibición del ingreso de organismos de verificación y protección a los territorios donde opera. Esta decisión afecta directamente a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la MAPP-OEA y la Defensoría del Pueblo, instituciones que han desempeñado un papel crucial en zonas con limitada presencia estatal.
Justificación sin fundamento y graves implicaciones
Según el comunicado emitido por la estructura armada, estas restricciones se justifican porque "acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información de nuestras posiciones, facilitando operaciones militares en nuestra contra". Sin embargo, esta afirmación se realiza sin presentar pruebas concretas, lo que cuestiona la legitimidad de los mecanismos de protección en terreno y genera un escenario de incertidumbre para las comunidades más afectadas por el conflicto.
En territorios donde el Estado tiene presencia limitada, estas misiones han sido esenciales para:
- Documentar violaciones de derechos humanos
- Mediar en situaciones de riesgo inminente
- Facilitar operaciones de asistencia humanitaria
- Activar alertas tempranas frente a emergencias
Preocupaciones específicas sobre la Defensoría del Pueblo
El comunicado de la disidencia incluye acusaciones particulares contra la Defensoría del Pueblo, señalando que la entidad habría emitido "alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales" que desconocerían la realidad territorial y contribuirían a justificar operativos militares.
Este jueves 19 de marzo, la Defensoría respondió contundentemente, advirtiendo que los intentos de deslegitimar su trabajo obstaculizan la labor de funcionarios y colaboradores que, incluso en contextos adversos, realizan un trabajo técnico y humano riguroso. La entidad enfatizó que sus gestiones son "imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la protección de la naturaleza".
La Defensoría lamentó profundamente la decisión del EMC y advirtió sobre su impacto directo: "Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario (DIH), ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad". Restringir el acceso de sus funcionarios, según la entidad, va mucho más allá de afectar su labor institucional: constituye un castigo directo para las comunidades que dependen de su acompañamiento.
Reacciones de organizaciones de la sociedad civil
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) también rechazó el anuncio, señalando que "en los territorios donde hay control y disputa armada, la presencia de organismos humanitarios y de verificación no es un problema: es una necesidad". Según Indepaz, estos mecanismos permiten visibilizar lo que ocurre, acompañar a las comunidades y activar respuestas frente a riesgos que, de otra manera, quedarían en silencio.
Bloquear el ingreso de estos organismos aumentaría el aislamiento y el control armado sobre las poblaciones civiles. "No solo afecta la transparencia sobre lo que pasa en los territorios, sino que termina fortaleciendo dinámicas de control social armado, donde se regula quién entra, qué se dice y qué se conoce", explicaron desde la organización.
Contexto de ruptura de diálogos y expansión territorial
El panorama se complica aún más considerando que esta disidencia no está en mesa de negociación con el Gobierno de Gustavo Petro desde 2024, cuando el Ejecutivo decidió levantar el cese al fuego tras ataques de la estructura contra población civil. Uno de esos episodios violentos resultó en la muerte de Carmelina Yule Paví, lideresa indígena del pueblo Nasa del Cauca.
Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), expresó su preocupación: "Esto no es nada bueno y debe abordarse de urgencia, los impactos humanitarios en la región son desbordantes, esta limitación implicará un vacío en la atención a las víctimas y la protección".
Amplia presencia territorial de la disidencia
Las afectaciones podrían extenderse a decenas de municipios en diferentes regiones del país. Según análisis de Insight Crime, a pesar de fracturas internas, el EMC sigue siendo la estructura de las disidencias de las extintas FARC con mayor alcance territorial, número de combatientes y control sobre actividades criminales.
Las zonas de presencia incluyen:
- Región sur y oriental: Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía
- Expansión reciente: Amazonas, Putumayo, Casanare, Arauca
- Zona andina y pacífica: Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Nariño
Este escenario evidencia la gravedad del bloqueo y plantea un desafío inmediato para la labor de los organismos encargados de velar por los derechos de la población civil en territorios con limitada presencia estatal. Lo que está en juego es la capacidad misma de monitorear lo que ocurre en regiones donde el conflicto armado golpea directamente a comunidades ya vulnerables, aumentando su exposición y reduciendo sus garantías de protección.
