La escalada violenta de las disidencias en la región montañosa de Jamundí
Cuando parecía que la violencia generada por las disidencias de las Farc había disminuido en Jamundí, el presente año ha demostrado un preocupante ascenso con golpes estratégicos que mantienen en alerta máxima a los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.
Ataques coordinados y robos masivos
Tan solo en la tercera semana de febrero se registraron múltiples ataques con drones y explosivos en zonas rurales de Jamundí como Guachinte y Timba, localidades montañosas que conectan con el vecino departamento del Cauca. Estos ataques siguen un patrón repetitivo: los grupos armados ilegales atacan puntos estratégicos de la Policía y el Ejército para luego replegarse ante la reacción de la Fuerza Pública.
El analista en temas de seguridad Stuart León explica que estos movimientos no son espontáneos: "Cada vez que la Fuerza Pública incrementa operaciones en zonas rurales de Jamundí, las estructuras ilegales reaccionan con ataques que buscan tres objetivos: demostrar capacidad ofensiva, intimidar a la población civil y enviar un mensaje de control territorial".
El robo estratégico de 17 camionetas
Un hecho que ha encendido las alarmas ocurrió el 15 de enero en la vía Panamericana, jurisdicción de Santander de Quilichao, norte del Cauca. Al menos 15 hombres armados interceptaron dos vehículos tipo 'niñera' y se llevaron 17 camionetas de alta gama, atribuyéndose el hecho a la estructura 'Jaime Martínez' de las disidencias.
Para el general (r) Pablo Federico Przychodny Jaramillo, este robo va más allá del hurto convencional: "Es una posible estrategia táctico-militar que busca fortalecer sus filas para agilizar la movilidad de economías ilícitas". El analista advierte que estas camionetas podrían emplearse para movilizar cabecillas o incluso suplantar esquemas de seguridad oficiales.
Jamundí: zona bisagra del conflicto
El municipio de Jamundí, especialmente su área rural montañosa, se ha convertido en un punto de máxima disputa. Su ubicación geográfica funciona como corredor estratégico entre el Valle del Cauca y el norte del Cauca, facilitando la movilidad, abastecimiento y expansión de economías ilícitas hacia el Pacífico a través de El Naya.
León detalla que "Timba y las zonas rurales donde se han presentado los ataques hacen parte de corredores históricamente utilizados para tránsito hacia el Naya. Controlar estos sectores significa garantizar conectividad operativa".
Presión sobre la población civil
Más allá de los enfrentamientos armados, se desarrolla un drama silencioso que afecta a los pobladores de la zona montañosa de Jamundí. Se ha registrado un incremento alarmante en extorsiones y reclutamiento forzado, incluso en escuelas locales, indicando un fortalecimiento financiero y expansión estructural de los grupos armados.
"Cuando un grupo aumenta la presión económica sobre comerciantes y campesinos, y al mismo tiempo recluta menores, lo que está haciendo es asegurar sostenibilidad en el tiempo", explica León. "El riesgo es que se consolide un modelo de control social que expulsa la institucionalidad".
Respuesta institucional y desafíos
Frente a esta compleja situación, los expertos coinciden en que se requiere una respuesta integral que vaya más allá de operativos reactivos. Presencia militar sostenida, fortalecimiento de inteligencia y protección real a la población civil son elementos clave para recuperar y mantener el territorio.
El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, asegura que el departamento mantiene monitoreo continuo en la zona limítrofe con el Cauca, desplegando tropas con Corredores Seguros, observación con drones Raptor, sistemas de videovigilancia y patrullajes focalizados.
"Mantenemos el enfoque preventivo basado en inteligencia, con el objetivo de preservar la vida, integridad y patrimonio de los vallecaucanos", afirmó Londoño, destacando la articulación con secretarías de seguridad de Cali y municipios metropolitanos para enfrentar estructuras criminales.
La situación en Jamundí evidencia cómo la debilidad institucional en zonas rurales permite a grupos armados ilegales consolidar ventajas operativas, afectando no solo la seguridad sino también la gobernabilidad, confianza ciudadana, inversión y movilidad regional en dos departamentos históricamente vulnerables al conflicto armado.
