ELN levanta paro armado en Bajo Baudó, Chocó, pero comunidades siguen atemorizadas y afectadas
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció oficialmente el levantamiento del paro armado que había impuesto en la región del Bajo Baudó, departamento de Chocó. Esta medida coercitiva mantuvo durante varios días a comunidades enteras en un estado de zozobra constante, con severas restricciones a la movilidad, desabastecimiento de productos básicos y un clima generalizado de temor.
La normalización tarda en llegar
A pesar del anuncio de retirada de la orden de paro por parte de la guerrilla, la situación en el territorio dista mucho de haberse normalizado. Las comunidades locales continúan reportando altos niveles de miedo, en medio de confrontaciones y presiones constantes tanto del ELN como del 'Clan del Golfo', los dos grupos armados que se disputan el control estratégico de esta zona del país.
Durante los días que duró la medida coercitiva, los habitantes enfrentaron graves dificultades que incluyeron:
- Interrupción total del acceso a bienes y servicios básicos
- Suspensión forzada de clases para niñas, niños y adolescentes
- Restricciones severas a la movilidad personal y comunitaria
- Limitaciones al ejercicio de actividades económicas tradicionales
Afectación a derechos territoriales étnicos
La situación se agrava por la afectación directa a los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas, quienes ven restringida su autonomía ancestral en medio de la presencia y control permanente de actores armados ilegales. Estas comunidades, con derechos colectivos reconocidos constitucionalmente, enfrentan amenazas constantes a su forma de vida y gobierno propio.
La Defensoría del Pueblo reiteró con firmeza el llamado al ELN —y a todos los grupos armados que operan en la región— a cesar de manera inmediata este tipo de prácticas coercitivas, incluidos los confinamientos forzados que se han vuelto cada vez más frecuentes en varias regiones del país. La entidad insiste en que la obligación fundamental de estos grupos es respetar el derecho internacional humanitario (DIH) y mantener a la población civil completamente al margen de las hostilidades.
"El territorio no les pertenece", advirtió la Defensoría del Pueblo en referencia explícita a estas zonas de pertenencia étnica, cuya autonomía debe ser respetada y garantizada mediante una presencia institucional efectiva y permanente del Estado colombiano.
Llamado contra la estigmatización
El Ministerio Público también hizo un llamado urgente para que cese la estigmatización contra las autoridades locales y funcionarios públicos que trabajan en la región. En terreno, estos servidores y líderes comunitarios intentan cumplir con su labor en condiciones cada vez más adversas y peligrosas, enfrentando en muchos casos limitaciones impuestas por los propios grupos armados que dificultan el funcionamiento mínimo del Estado.
La situación se complica por la disputa territorial entre el ELN y el 'Clan del Golfo', que mantiene a la población en medio de fuegos cruzados y sometida a múltiples formas de presión y control social por parte de ambos bandos.
Alivio parcial en crisis humanitaria persistente
El levantamiento del paro armado marca apenas un alivio parcial en una región donde la crisis humanitaria sigue siendo latente y profunda. Las comunidades del Bajo Baudó enfrentan no solo la violencia armada, sino también carencias estructurales en servicios básicos, infraestructura y oportunidades de desarrollo que se ven agravadas por el conflicto.
La Defensoría del Pueblo enfatizó que la solución de fondo requiere no solo el cese de acciones armadas contra la población civil, sino también una presencia institucional fortalecida que garantice los derechos fundamentales de todas las comunidades, especialmente aquellas de carácter étnico con protección constitucional especial.
Mientras tanto, las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en la región mantienen la alerta sobre posibles represalias contra líderes comunitarios y sobre la continuidad de prácticas de control social por parte de los grupos armados, incluso después del levantamiento formal del paro.
