ELN levanta paro armado en Chocó, pero crisis humanitaria persiste en Bajo Baudó
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó este lunes el paro armado que mantenía en el municipio de Bajo Baudó, en el departamento de Chocó, según informó la Defensoría del Pueblo. Esta decisión llega tras varios días de restricciones que han profundizado la crisis humanitaria en esta zona del país, marcada por el conflicto armado y la vulneración de derechos fundamentales.
Impacto devastador en las comunidades
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo detalló el impacto de estas acciones sobre la población civil, lanzando un llamado directo al grupo armado. “Reiteramos nuestro llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica”, así como los confinamientos que —advirtió— se han vuelto recurrentes en varias regiones de Colombia. La entidad insistió en que “el territorio no les pertenece: pertenece a las comunidades”, subrayando la necesidad de respetar los derechos territoriales de las poblaciones afectadas.
Aunque el paro fue levantado, la Defensoría advirtió que la situación en esa zona sigue siendo crítica. Las comunidades permanecen con miedo en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo, en una disputa que mantiene en riesgo constante a la población civil. “Persisten las consecuencias de varios días sin acceso a bienes y servicios básicos, la interrupción de la asistencia escolar de niñas y niños, y la vulneración de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas”, afirmó la Defensoría en su comunicado.
Advertencias sobre la expansión del conflicto
A este escenario se suma una advertencia de fondo sobre la posible expansión del conflicto en la región. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, alertó el sábado sobre el riesgo de incursión de disidencias de las antiguas FARC en el departamento, lo que podría intensificar la disputa armada. La mandataria local también denunció amenazas en su contra por parte del ELN en medio de la crisis, evidenciando la complejidad y peligrosidad del contexto.
Durante los días de paro armado, al menos 25 comunidades —afrodescendientes e indígenas— resultaron afectadas por confinamientos, restricciones a la movilidad y limitaciones en el acceso a alimentos, salud y educación. El bloqueo de los corredores fluviales, clave en esta región, impidió actividades básicas como la pesca, el transporte y el abastecimiento, según explicó la gobernadora Córdoba.
Cifras alarmantes y llamado a la acción
Más de 6.000 personas llegaron a estar confinadas en el municipio de Bajo Baudó, dependiendo de ayudas externas para subsistir en medio del aislamiento. La gobernadora pudo repartir algunos kits de ayuda en la cabecera municipal de Pizarro, pero la asistencia sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la emergencia.
En su pronunciamiento, la Defensoría insistió en que los grupos armados deben respetar el derecho internacional humanitario y mantener a la población civil al margen del conflicto. Además, cuestionó la estigmatización de las autoridades locales, que —señaló— cumplen su labor en condiciones adversas, muchas veces impedidas por la presencia y control de actores ilegales. Este llamado refuerza la urgencia de proteger a las víctimas y garantizar la paz en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Colombia.
