ELN levanta paro armado en Bajo Baudó tras días de confinamiento forzado
La Defensoría del Pueblo confirmó oficialmente que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) levantó el paro armado que mantenía confinadas a decenas de comunidades en el municipio de Bajo Baudó, departamento del Chocó. Esta medida ilegal, que había comenzado el pasado 17 de marzo, afectó gravemente a más de 6.000 personas, incluyendo comunidades afrocolombianas e indígenas, quienes enfrentaron restricciones severas a su movilidad, acceso a alimentos, servicios de salud y educación básica.
Llamado urgente al respeto del derecho humanitario
La entidad defensorial reiteró su llamado al ELN y a todos los actores armados a cesar esta práctica que viola los derechos fundamentales. “Su deber es respetar plenamente el derecho internacional humanitario”, indicó la Defensoría del Pueblo, subrayando la obligación de los grupos armados de proteger a la población civil en medio del conflicto.
Persisten el miedo y las graves afectaciones
Aunque el paro fue levantado, la Defensoría advirtió que las comunidades siguen enfrentando las consecuencias del confinamiento, así como un ambiente de temor constante por la presencia activa de grupos armados en la región. Durante los días de la medida restrictiva, 25 comunidades específicas, 16 afrocolombianas y nueve indígenas, permanecieron prácticamente aisladas del mundo exterior.
Estas poblaciones no tuvieron posibilidad de movilizarse por los corredores fluviales que son sus principales vías de comunicación, ni de abastecerse de bienes básicos para su supervivencia. La situación generó una crisis humanitaria silenciosa que aún no se resuelve completamente.
Doble amenaza: ELN y Clan del Golfo
Además, la entidad alertó que continúan las presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo en la zona, lo que mantiene en riesgo permanente a la población civil atrapada entre dos fuegos. “Las comunidades siguen con miedo, en medio de confrontaciones y presiones tanto del ELN como del Clan del Golfo”, explicaron las autoridades defensoriales.
Entre las consecuencias que persisten se encuentran:
- Varios días sin acceso a bienes y servicios básicos esenciales
- La interrupción prolongada de la asistencia escolar de niñas y niños
- La vulneración sistemática de los derechos territoriales de comunidades afrodescendientes e indígenas
- Un ambiente de inseguridad que dificulta la recuperación normal de la vida comunitaria
Instancia final por el respeto a la población civil
Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó nuevamente a todos los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a cesar prácticas como los confinamientos forzados, que afectan directamente y de manera desproporcionada a la población civil, especialmente a los pueblos étnicos que históricamente han sufrido el conflicto armado en Colombia.
La situación en Bajo Baudó refleja un patrón recurrente en varias regiones del país donde las comunidades quedan atrapadas en medio de disputas entre grupos armados, viendo sus derechos fundamentales seriamente vulnerados sin posibilidad de protección inmediata.
