“Fui cómplice porque nunca denuncié”, con esta frase el exgobernador Hugo Aguilar Naranjo selló su más reciente comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), abriendo una de las páginas más oscuras de la historia política de Santander. En las próximas semanas, la JEP resolverá el futuro judicial de Aguilar, tras escuchar durante dos días sus aportes a la verdad, enfocados en revelar la alianza entre la clase política regional y las estructuras paramilitares.
Reconocimiento de la alianza paramilitar
Ante las preguntas del magistrado Carlos Alberto Suárez López, el exgobernador, ya condenado por la parapolítica, habló de la red de alianzas que marcaron los comicios que lo llevaron al poder regional en 2003. Mencionó al exdiputado Nelson Naranjo Cabarique como el candidato directo de las Autodefensas por designación de alias “Ernesto Báez”, y a Alfonso Riaño como el enlace encargado de coordinar los votos en el territorio con alias César.
“Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí”, admitió Aguilar en medio de la diligencia. El exgobernador lamentó profundamente su silencio, reconociendo que sabía del respaldo del Bloque Central Bolívar de las AUC en varios municipios para asegurar su victoria. Las reuniones con exjefes paramilitares como Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; Guillermo Cristancho, alias Camilo Morantes, e Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, formaron parte del crudo inventario de verdades reveladas en la sesión.
Antecedentes de exclusión y nueva oportunidad
Cabe recordar que Aguilar fue excluido previamente de la JEP porque sus declaraciones iniciales fueron consideradas imprecisas, inconsistentes y tendenciosas, buscando desmarcar su crecimiento político-electoral respaldado por las AUC. Sin embargo, en esta nueva audiencia, el exmandatario quemó sus naves al reconocer explícitamente haber ganado las elecciones de 2003 con el respaldo armado de jefes paramilitares.
El caso Panachi: un fortín paramilitar
El 2 de junio de 2020, en un escrito titulado “La verdad del coronel”, Aguilar anunció que detallaría cómo la obra del Parque Nacional del Chicamocha (Panachi) se convirtió en un “fortín paramilitar”. Según su versión, la construcción del parque fue un medio para cumplir pactos burocráticos con los paramilitares, a través de convenios interadministrativos entre el Departamento y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, para contratar a personas designadas por las autodefensas.
“Si bien es cierto, los convenios los firmaban los secretarios de despacho, yo era el gobernador y el presidente de la junta directiva de Panachi, y aproveché para involucrar al diputado Nelson Naranjo Cabarique como el interlocutor entre el proyecto y las autodefensas para seleccionar la gente de esa organización que entró a trabajar en 2004 y así cumplir con el compromiso burocrático”, relató Aguilar.
El proyecto de Panachi, según Aguilar, fue denunciado por los exsenadores Hugo Serrano y Horacio Serpa, quienes advirtieron que no estaba orientado al turismo sino a cumplir compromisos con los paramilitares. “De ahí que el ELN intentó hacer un atentado terrorista cuando iba a inaugurar el puente construido sobre el río Sogamoso para la entrada al municipio de Cepitá”, agregó.
Investigación sobre incrementos patrimoniales
La magistrada Catalina Díaz profundizó en las dinámicas que permitieron este entramado, y la JEP aprovechó las audiencias para indagar sobre presuntos incrementos patrimoniales sospechosos de Aguilar y su papel durante la época del Bloque de Búsqueda, con la participación activa de los representantes de las víctimas.
Decisión final de la JEP
Ahora, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP tiene la última palabra. Tras evaluar las cerca de cuatro horas de declaraciones, la subsala especial determinará en los próximos días si estos aportes de verdad son lo suficientemente valiosos y transformadores según los estándares exigidos por el tribunal. De esto dependerá si se le concede o no la readmisión en este sistema de justicia transicional a un hombre que ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2023 a 108 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.
