Presión de grupos armados marca paro minero en el Bajo Cauca antioqueño
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que estructuras armadas ilegales están ejerciendo presión sobre comunidades y trabajadores del sector minero durante el paro que cumple tres días en Caucasia, región del Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, esta intervención busca frenar los controles estatales contra la explotación ilícita de minerales en la zona.
Estrategia para mantener economías criminales
"Sabemos que en algunos casos el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias están presionando a alguna población", explicó el ministro Sánchez durante una declaración oficial. El jefe de la cartera de Defensa señaló que estas organizaciones criminales buscan mantener el control de economías ilegales que sirven como fuente principal de financiación para sus actividades delictivas.
El funcionario enfatizó que esta situación "hace parte de la estrategia contra las economías ilegales" y confirmó que la Fuerza Pública continuará realizando operativos en corredores estratégicos como los ríos Nechí y Ocaíta, donde se han detectado estructuras dedicadas a la minería a gran escala sin autorización.
Baja tasa de formalización minera
En un dato revelador, el ministro Sánchez informó que de más de 3.000 mineros que manifestaron interés en iniciar procesos de formalización, solamente 26 avanzaron efectivamente en el trámite. "Las autoridades han emitido lineamientos para diferenciar entre quienes cumplen con la normatividad y quienes persisten en actividades ilegales", precisó el funcionario.
El titular de Defensa insistió en que la presencia de maquinaria pesada en zonas de explotación evidencia operaciones que superan ampliamente los límites permitidos para la minería de subsistencia o tradicional. "Cuando uno encuentra ese tipo de maquinaria ya no es ancestral, ya no es tradicional y están acabando con el medio ambiente", afirmó con contundencia.
Impactos ambientales y sociales
Las prácticas de minería ilegal identificadas en la región generan graves consecuencias ambientales y sociales adicionales. Sánchez señaló específicamente la afectación a pescadores por el uso indiscriminado de mercurio y la contaminación sistemática de fuentes hídricas, elementos que deterioran la calidad de vida de las comunidades locales.
Protesta garantizada con límites claros
Frente al desarrollo de las manifestaciones, el ministro reiteró que el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente, siempre que no se vulneren derechos fundamentales de terceros. "Todo el mundo tiene derecho a protestar, siempre y cuando no se violen derechos como la movilidad o el derecho a la vida", expresó el funcionario.
En este contexto, mencionó la necesidad imperante de garantizar el tránsito de ambulancias y el acceso a servicios esenciales en la zona afectada por las protestas mineras.
Destrucción de maquinaria ilegal continúa
El ministro Sánchez se refirió también a las solicitudes de algunos sectores que piden suspender la destrucción de maquinaria utilizada en actividades mineras ilegales. "No destruir una dragona que está causando daños al medio ambiente sería una omisión de parte de nosotros", sostuvo con firmeza.
El funcionario advirtió que el traslado de estos equipos pesados implica riesgos significativos para los uniformados en territorios donde operan grupos armados ilegales, haciendo inviable su reubicación.
Prioridad institucional definida
Según las declaraciones oficiales, la prioridad institucional se mantiene en dos frentes claros: proteger a la población civil de la región y debilitar sistemáticamente las fuentes de financiación de las estructuras ilegales que buscan influir en el paro minero en el Bajo Cauca.
La Fuerza Pública mantendrá operativos en la zona mientras continúan las investigaciones sobre la influencia de grupos armados en las protestas y en las economías ilegales de la minería no autorizada.
