La transformación del conflicto armado en Colombia
Luego de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, se generó un intenso debate sobre la naturaleza de la violencia que persistía en Colombia, a pesar de la desmovilización de las Farc. Numerosas organizaciones armadas mantenían su presencia activa en diversos territorios, desafiando la narrativa oficial sobre el fin del conflicto.
Dos visiones políticas enfrentadas
Durante ese período, las fuerzas políticas dominantes en el país interpretaban la situación desde perspectivas radicalmente opuestas. La coalición del gobierno de Juan Manuel Santos describía la persistencia violenta como una situación de posconflicto, argumentando que las Farc representaban la única organización con capacidad real para plantear una guerra por el poder estatal.
Por otro lado, la oposición liderada por Álvaro Uribe se mostraba reacia a aceptar que la guerra había terminado. Señalaban como evidencia contundente las numerosas disidencias, la persistencia del Eln, el surgimiento de la 'Segunda Marquetalia', el crecimiento de los 'Gaitanistas' y la proliferación de bandas de crimen organizado en todo el territorio nacional.
El cambio fundamental en los objetivos
La realidad demostraba que aunque muchos aspectos habían cambiado, los nuevos grupos armados distaban mucho de representar la típica insurgencia marxista de décadas anteriores. Ninguna de estas organizaciones mostraba voluntad real para construir un ejército convencional con miras a la toma del poder nacional.
Por esta razón, se comenzó a atribuir a estas organizaciones un carácter principalmente criminal: su objetivo central se concentraba en la acumulación de riqueza mediante el control del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras actividades ilícitas.
La nueva dinámica de poder territorial
Lo que se ha subestimado considerablemente es que, aunque estos grupos abandonaron la premisa revolucionaria de tomar el poder nacional, desarrollaron objetivos políticos de diferente naturaleza. Establecieron nuevas formas de gobierno local que redefinieron aspectos fundamentales de la política territorial:
- ¿Quién detenta realmente el poder en los territorios periféricos?
- ¿Quién influye en la toma de decisiones relevantes para las comunidades locales?
El poder de estos ejércitos irregulares se asocia directamente con dos elementos centrales de las funciones estatales:
- La provisión de protección y justicia para la población
- La organización y control de los mercados locales
La superioridad estratégica de los grupos criminales
El Estado colombiano goza de una clara superioridad en combate convencional, pero evidencia una inferioridad preocupante en la vigilancia y gobierno efectivo de la población en las zonas periféricas. Esta realidad nos advierte que Colombia sigue en guerra, aunque se trata de una guerra diferente que exige nuevas estrategias estatales tanto para el combate como para la eventual negociación.
Dos aspectos resultan particularmente críticos en esta nueva configuración del conflicto:
Primero, la clave ya no reside principalmente en el desarrollo de capacidades militares para enfrentar a los grupos en combate directo. Los grupos armados evitan sistemáticamente la confrontación abierta, siendo plenamente conscientes de la superioridad del Ejército Nacional en este ámbito.
Segundo, los grupos han desarrollado una superioridad evidente sobre el Estado en la vigilancia y control de la población en territorios específicos. Las milicias, comandos y pandillas que interactúan cotidianamente con los habitantes, frecuentemente sin necesidad de exhibir armamento pesado, constituyen en la práctica gobiernos de facto que administran justicia, imponen normas y regulan la vida comunitaria.
El desafío fundamental para el Estado
Al Estado colombiano, con sus Fuerzas Armadas, Policía y sistema judicial, le resulta extremadamente difícil competir con la relación estrecha que los grupos armados establecen con la población local. Este campo representa el área donde se requieren reformas más profundas y estructurales.
Incluso en el escenario hipotético de un nuevo proceso de paz, una condición indispensable para evitar el reciclaje de la violencia sería que el Estado aprenda efectivamente a gobernar y proteger a la población de los territorios periféricos, estableciendo una presencia institucional legítima y efectiva que supere la influencia de los actores armados ilegales.
