Defensoría del Pueblo enciende alertas por paro armado del ELN en Chocó
La Defensoría del Pueblo ha activado las alarmas ante el paro armado indefinido declarado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bajo Baudó, ubicado en el departamento de Chocó. Esta medida, vigente desde el martes 17 de marzo, mantiene en situación de confinamiento a numerosas comunidades y restringe severamente sus derechos fundamentales, generando una crisis humanitaria de proporciones alarmantes.
Impacto devastador en comunidades étnicas
Según los informes de la Defensoría, el paro armado afecta directamente a 25 comunidades, entre las cuales se encuentran:
- 16 comunidades afrocolombianas, que comprenden 530 familias, equivalentes a 1.933 personas.
- 9 comunidades indígenas, con 886 familias, lo que representa 4.114 personas.
En total, más de 6.000 personas enfrentan graves limitaciones en su movilidad, acceso a alimentos, servicios de salud y educación. El confinamiento impuesto por el ELN ha bloqueado la circulación por los ríos, dificultando el abastecimiento de productos básicos y paralizando las jornadas médicas y las actividades escolares de niños, niñas y jóvenes.
Escalada de violencia y respuesta de las autoridades
La gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó que el paro armado inició a las 00:00 horas del 17 de marzo en zonas críticas como los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa. "Ha comenzado un nuevo constreñimiento ilegal anunciado por el ELN en el municipio de Bajo Baudó", declaró la mandataria, quien también alertó sobre ataques recientes, incluyendo un ataque con granadas lanzadas mediante drones contra la estación de Policía de Santa Rita, en el municipio de Río Iró.
En respuesta a esta situación, se ha instalado un consejo de seguridad con la participación de la Fuerza Pública y el Ministerio Público para coordinar acciones inmediatas. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó enérgicamente las acciones del ELN, afirmando que "atacar a la población civil, confinarla, amenazarla es un crimen de guerra". Sánchez advirtió que estas prácticas, cuando son sistemáticas, pueden constituir "un crimen de lesa humanidad".
El ministro anunció el despliegue de operaciones militares en la zona y ofreció una recompensa de hasta $1000 millones por información que permita ubicar a alias 'Genaro', señalado como el cabecilla del grupo armado en esta región del Chocó.
Llamado urgente por la protección de la población
La Defensoría del Pueblo reiteró que las acciones del ELN, que generan terror en la población civil y restringen el acceso a bienes esenciales, vulneran gravemente el Derecho Internacional Humanitario. En este sentido, la entidad hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para adoptar medidas inmediatas que garanticen la protección integral de las comunidades afectadas.
Asimismo, la Defensoría pidió al ELN cesar de inmediato el paro armado, enfatizando que "ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades". Este llamado es especialmente crítico en territorios donde habitan pueblos étnicos, quienes requieren una protección especial debido a su vulnerabilidad histórica y cultural.
La situación en Bajo Baudó refleja una crisis humanitaria que demanda atención prioritaria y acciones concretas para salvaguardar los derechos de miles de colombianos atrapados en medio del conflicto armado.
