Defensoría del Pueblo emite alerta por paro armado del ELN en Chocó
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alerta urgente debido a las graves afectaciones que está generando el paro armado indefinido decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el municipio de Bajo Baudó, ubicado en el departamento de Chocó. La entidad defensorial ha señalado que esta medida impuesta por el grupo armado está vulnerando de manera sistemática derechos fundamentales de las comunidades residentes en la zona.
Comunidades afectadas y alcance del paro
El paro armado, anunciado por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN y que representa el primero registrado en el año 2026, impacta directamente a 25 comunidades en total. Entre estas se encuentran:
- 16 comunidades afrocolombianas, que agrupan a 530 familias equivalentes a 1.933 personas.
- 9 comunidades indígenas, que reúnen a 886 familias, lo que representa aproximadamente 4.114 personas.
Estas poblaciones habitan principalmente en el área de Bajo Baudó y en diversas cuencas como la del río Docampadó, además de otros afluentes localizados en la región suroriental del departamento del Chocó.
Consecuencias inmediatas y vulneración de derechos
La Defensoría del Pueblo ha detallado que el paro armado está generando múltiples violaciones a derechos básicos, entre los que se destacan:
- Derecho a la vida y la integridad personal: La presencia y acciones del grupo armado crean un entorno de alto riesgo.
- Derecho a la seguridad y movilidad: Se ha impuesto un confinamiento forzado que limita severamente el desplazamiento por los corredores fluviales, principales vías de comunicación en la región.
- Derecho a la salud: Se han interrumpido las jornadas de atención médica y el acceso a servicios de salud.
- Derecho a la educación: Niños y jóvenes no pueden asistir a sus clases, afectando su proceso formativo.
- Derecho al trabajo: Las actividades económicas y laborales se han visto paralizadas.
Uno de los efectos más críticos es el confinamiento de la población, que no solo restringe la movilidad, sino que también impide el acceso a alimentos básicos y productos de primera necesidad. Además, la situación ha bloqueado el ingreso de misiones humanitarias a los territorios afectados, agravando la crisis humanitaria.
La Defensoría del Pueblo continúa monitoreando la evolución de esta grave situación en el Chocó, donde las comunidades urbanas y rurales enfrentan un deterioro acelerado de sus condiciones de vida debido a las acciones del grupo armado.
