Nilson Hernández Barrera, quien se desempeñaba como personero de Aguachica (Cesar), fue víctima de un grave episodio de intimidación el 15 de julio de 2025. Ese día, un sobre de manila llegó a su despacho con seis balas y un mensaje escalofriante: “Se va de la Personería o la próxima se las meto en su cabeza”. Esta amenaza de muerte se sumó a una serie de hostigamientos que incluyeron seguimientos, atentados y amenazas tanto contra él como contra su familia.
Un año de incertidumbre y falta de respuestas
Han transcurrido casi doce meses desde aquel hecho, y aún no se ha logrado identificar a los responsables ni esclarecer los motivos detrás de estas intimidaciones. El abogado Hernández Barrera ha buscado incansablemente que el Estado colombiano le brinde la protección necesaria, pero hasta el momento solo ha obtenido respuestas parciales e insuficientes.
El clamor por justicia y seguridad
Para Hernández, la situación refleja una falla en el sistema de protección a defensores de derechos humanos y funcionarios públicos en riesgo. A pesar de las múltiples denuncias y solicitudes, las autoridades no han actuado con la celeridad y contundencia que el caso requiere. Su familia, también afectada por los ataques, vive en constante zozobra.
Este caso pone en evidencia los peligros que enfrentan quienes ejercen cargos de control territorial en regiones como el Cesar, donde la violencia y la impunidad suelen ser parte del paisaje cotidiano. La comunidad de Aguachica y organizaciones de derechos humanos han expresado su solidaridad con Hernández y exigen una investigación exhaustiva.
Mientras tanto, Nilson Hernández Barrera continúa esperando que el Estado cumpla con su deber de protegerlo, en medio de la incertidumbre de no saber quién quiere su muerte ni por qué.
