Defensoría advierte riesgo inminente de confrontación armada en Litoral del San Juan, Chocó
La Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana de Inminencia 010 de 2026 para el municipio de El Litoral del San Juan en el departamento de Chocó. La advertencia se basa en el riesgo inminente de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, derivado de una posible confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras disidentes del autodenominado Estado Mayor Central.
Disputa por control estratégico de rutas ilegales
Según el organismo defensor, el escenario de riesgo está marcado por la alta probabilidad de combates entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara del ELN y el Frente Jaime Martínez, adscrito al Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central. La disputa se concentra específicamente en el control de la quebrada Munguidó, un afluente estratégico que conecta la cuenca del río Calima con el río San Juan.
Esta vía fluvial es considerada una "llave" para el dominio de rutas del narcotráfico hacia el océano Pacífico, así como para economías ilegales como la minería no autorizada y la extracción indiscriminada de madera. La Defensoría advierte que esta confrontación se inscribe en una reconfiguración armada que se viene consolidando desde 2025, en la que el Frente Jaime Martínez ha avanzado sobre territorios históricamente controlados por el ELN.
Confinamiento forzado y crisis humanitaria
En las primeras semanas de 2026, la violencia se recrudeció con el homicidio de un joven afrocolombiano y la desaparición de otros dos en el afluente Munguidó. Como consecuencia directa, 1.367 personas pertenecientes a 465 familias de comunidades negras e indígenas permanecen en confinamiento forzado.
Las restricciones para movilizarse por los ríos les impiden desarrollar actividades básicas de subsistencia como:
- Pesca tradicional
- Caza de subsistencia
- Agricultura familiar
- Recolección de alimentos
La población ha reportado condiciones de hambre derivadas del bloqueo impuesto por los grupos armados, agravando aún más la crisis humanitaria en la región.
Comunidades afectadas y "gobernanza armada"
El riesgo se focaliza en veredas pertenecientes al consejo comunitario general del San Juan (Acadesan) y al resguardo indígena Chagpien Tordó, incluyendo localidades como:
- Pangalita y Los Perea
- Munguidó y Las Delicias
- Barrios Unidos y Pángala
- Palestina, Coco y Qichero
- Taparal y Taparalito San José
La Defensoría también alertó sobre el fortalecimiento de una "gobernanza armada" por parte de estas estructuras ilegales, que imponen normas mediante panfletos y amenazas directas. En uno de estos comunicados, fechado el 31 de enero, el Bloque Occidental Jacobo Arenas advierte que declarará "objetivo militar" a quienes no se vinculen a sus filas o sean señalados como colaboradores del grupo contrario.
Impacto en salud y educación
La situación humanitaria se refleja dramáticamente en el acceso a servicios básicos. La entidad reporta casos de mujeres con crisis hipertensivas que no han podido ser evacuadas ni atendidas médicamente debido al confinamiento forzado.
En el ámbito educativo, la situación es especialmente crítica para niños, niñas y adolescentes:
- En 2025 se documentaron siete casos de reclutamiento forzado
- Actualmente 324 estudiantes no están recibiendo clases
- Los docentes enfrentan temores y restricciones de movilidad
Recomendaciones urgentes
Ante este panorama crítico, la Defensoría formuló 17 recomendaciones específicas dirigidas a entidades del orden nacional y territorial, entre ellas:
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Defensa
- Unidad para las Víctimas
- Fiscalía General de la Nación
- Gobernación del Chocó
El llamado es a una respuesta urgente que permita disuadir la violencia, implementar tecnologías para neutralizar ataques con drones -una práctica atribuida al BOCJA-, fortalecer la autoprotección de las comunidades étnicas y garantizar una asistencia humanitaria integral bajo un enfoque de seguridad humana.
La Defensoría también alertó sobre la posible instalación de minas antipersonal en caminos rurales, lo que agrava aún más las condiciones de seguridad para la población civil atrapada en medio del conflicto.
