A 18 días de las elecciones presidenciales en Colombia, la actuación desbordada de grupos armados criminales en todo el país se ha convertido en una de las mayores preocupaciones. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ya había reconocido que ilegales estaban ejerciendo constreñimiento, presiones y amenazas a favor de su candidatura. Sin embargo, ahora es el expresidente Álvaro Uribe, gran contradictor de Cepeda, quien está detallando en qué zonas se estaría ejerciendo este constreñimiento para votar por el candidato del Pacto Histórico.
Denuncia de Uribe sobre constreñimiento electoral
Mediante un video publicado en sus redes sociales, Uribe denunció que en todo el departamento del Cauca las presiones ilegales irían incluso hasta exigir la entrega de actas electorales para manipularlas. Según informa el expresidente, en el sur del departamento las presiones las estaría cometiendo el ELN y la columna Jaime Patiño de las disidencias de las FARC, mientras que en el norte estaría siendo ejercida por las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias.
"Necesitamos que la Registraduría, la Procuraduría, la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas, los narcoterroristas en el Cauca", agregó Uribe en su mensaje, haciendo un llamado a las autoridades para que investiguen y actúen frente a estas denuncias.
Reacciones y contexto electoral
Las declaraciones de Uribe se dan en un clima de alta tensión electoral, a menos de tres semanas de los comicios. El expresidente ha sido un firme opositor de la candidatura de Iván Cepeda, a quien acusa de tener vínculos con grupos armados. Por su parte, Cepeda ha negado cualquier relación con estos grupos y ha instado a las autoridades a garantizar la transparencia del proceso electoral.
El Cauca es una región históricamente afectada por el conflicto armado, donde hacen presencia múltiples grupos ilegales. La denuncia de Uribe pone de relieve los riesgos que enfrenta la democracia en estas zonas del país, donde la ciudadanía podría estar siendo coaccionada para votar en contra de su voluntad.
Las autoridades electorales, como la Registraduría y la Procuraduría, aún no se han pronunciado oficialmente sobre estas denuncias. Sin embargo, se espera que tomen medidas para garantizar que los comicios se desarrollen en un ambiente de libertad y transparencia.
