A 17 días de las elecciones, crecen denuncias por coacción de grupos ilegales
Aunque el Gobierno de Gustavo Petro, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha intentado minimizar las alertas sobre los riesgos de seguridad en el proceso electoral, desde las regiones continúan surgiendo evidencias de injerencia criminal. Según el Registrador Nacional, Hernán Penagos, al menos 104 municipios presentan riesgos de seguridad para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Las campañas han denunciado amenazas, vetos a sus actividades y presiones para votar por candidatos específicos.
En el Guaviare, uno de los departamentos más afectados por la violencia de las disidencias de las Farc, la banda de alias 'Calarcá' —supuestamente aún inmersa en el proceso de 'paz total'— ha sido señalada de carnetizar comunidades y amenazar la libertad de voto. Estas denuncias se intensificaron tras la revelación de audios en los que alias Rogelio Benavides, un alfil de 'Calarcá', se dirige a las juntas de Acción Comunal y menciona a la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. “Ojalá gane el compañero Cepeda (…). Ahí sí los vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, afirma el jefe criminal en el mensaje, que ya está en manos de las autoridades. En el audio, Benavides amenaza abiertamente a las comunidades si no cumplen sus imposiciones: “Acá se les está hablando en la vía pacífica. No busquen que yo vaya y les levante el rancho a punta de plomo”. Agrega que puede “verificar quién cumple y quién no acata las instrucciones”.
Las grabaciones se difundieron horas después de una reunión de la Comisión Nacional Descentralizada de Coordinación y Seguimiento Electoral en Manizales. Allí, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, respaldó un pronunciamiento conjunto contra el lenguaje ofensivo y discriminatorio en el escenario electoral. El Registrador Penagos advirtió que la obligación de garantizar la seguridad electoral no se limita al día de las votaciones: “No se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino de que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre. Se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales. El riesgo verdadero no está en la Registraduría, está afuera, en la compra de votos, en la coacción al ciudadano”.
El candidato Iván Cepeda rechazó categóricamente los supuestos apoyos de grupos ilegales: “Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico, ni las fuerzas de la Alianza por la Vida, ni mi campaña, ni yo aceptamos estas acciones. Sus responsables deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley”. En otra intervención, aseguró que los 12 millones de votos necesarios para ganar la presidencia no se obtienen mediante presiones ni pistolas en la cabeza de los electores.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que el Gobierno ha brindado garantías electorales “como nunca antes” y criticó al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Álvaro Hernán Prada, quien cuestionó las condiciones de seguridad. “Su declaración parece más un show de mala leche que una preocupación real sobre el proceso electoral”, declaró Benedetti.
Reportes de inteligencia de diversas regiones evidencian un aumento de presiones sobre comunidades y posibles hechos de constreñimiento electoral atribuidos a grupos armados, justo cuando el ambiente político se intensifica en zonas rurales. Además de Guaviare, departamentos como Cauca, Meta, Nariño, Arauca, Norte de Santander y Putumayo registran denuncias de amenazas, restricciones a la movilidad, reuniones obligatorias y orientaciones del voto por parte de actores ilegales.
Las campañas también han reportado incidentes. Paloma Valencia afirmó que en municipios cercanos a Popayán, Cauca, las disidencias estarían obligando a votar por Cepeda. El expresidente Álvaro Uribe hizo declaraciones similares sobre La Guajira, señalando presiones de bandas criminales.
Desde partidos como Cambio Radical han solicitado al Registrador el traslado de mesas de votación de zonas rurales a cascos urbanos debido a las presiones. Sin embargo, Penagos descartó esa medida, señalando que la decisión corresponde a las comisiones municipales de garantías electorales.
La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un informe que indica que el 34,4% de los municipios del país se encuentra en algún tipo de riesgo electoral. De estos, 125 están en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo.
Asimismo, la exvicepresidenta y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez envió una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, solicitando la implementación de caravanas de seguridad electoral en municipios con alertas de presiones armadas. “Señor ministro, hay muchas alertas emitidas por la MOE sobre los riesgos de intimidación y amenazas de actores ilegales en estas próximas elecciones presidenciales”, destacó, pidiendo “medidas extraordinarias de acompañamiento y protección para garantizar el ejercicio libre y seguro del derecho al voto”.
