Demanda judicial amenaza con devolver miles de propiedades incautadas a narcotraficantes
Un abogado con antecedentes penales ha puesto en jaque al Estado colombiano al interponer una demanda que podría obligar a la devolución de 19.860 propiedades incautadas a narcotraficantes y delincuentes, valuadas en aproximadamente 6 billones de pesos. Édgar Javier Navia Estrada, quien aparece con una condena previa por enriquecimiento ilícito, logró que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente una directriz clave del gobierno Petro.
La batalla legal que mantiene en vilo al gobierno
Desde hace casi dos meses, el caso judicial mantiene en alerta al gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía General, jueces y la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La controversia gira alrededor del Instructivo Administrativo No. 9 emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en noviembre de 2022, que establecía una excepción a la caducidad de medidas cautelares para bienes en proceso de extinción de dominio.
"La ley establece claramente que a los 10 años deben levantarse las medidas cautelares si no hay un fallo de fondo", explicó Navia Estrada en entrevista exclusiva. "Lo que hicieron fue inventarse un proceso que no existe y amenazar a los registradores con sanciones si aplicaban la ley".
Los antecedentes del demandante
EL TIEMPO investigó y confirmó que Navia Estrada fue condenado en 2009 por enriquecimiento ilícito, en un caso presuntamente vinculado al excapo narcotraficante Wilson Figueroa Ordóñez. El abogado aceptó cargos por haber incrementado injustificadamente su patrimonio en 10 millones 483 mil pesos.
"En esa época me dijeron que la única forma de salir del proceso era aceptando cargos, y lo solucioné", afirmó el abogado, quien insiste en que su demanda actual no tiene relación con su pasado penal y que no representa a narcotraficantes.
La respuesta institucional
El Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado han salido al paso argumentando que la extinción de dominio constituye una herramienta constitucional fundamental en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.
Amelia Pérez, presidenta de la SAE, ha alertado sobre la gravedad de la situación, ya que las propiedades en riesgo representan casi el 56% del inventario total de la entidad. Las autoridades insisten en que la acción de extinción es imprescriptible e intemporal.
Los argumentos técnicos
Expertos consultados señalan que una directriz de una superintendencia no puede modificar una ley. El artículo 64 de la Ley 1579 de 2012 establece específicamente que la inscripción de medidas cautelares debe cancelarse a los 10 años si no existe un fallo judicial.
"Esto no es un tema de delincuentes queriendo evadir la justicia", reiteró Navia Estrada. "Es un tema de ciudadanos pidiéndole al Estado que cumpla las normas legales, que juegue limpio y que obre correctamente en derecho".
El panorama actual
Mientras el magistrado Pablo Andrés Córdoba del Consejo de Estado estudia el caso de fondo, la Superintendencia de Notariado ya notificó a todos los registradores del país sobre la suspensión provisional del instructivo demandado.
El gobierno prepara una defensa robusta de la norma, argumentando que su modificación debilitaría significativamente la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Colombia. El desenlace de este caso marcará un precedente crucial para el futuro de la extinción de dominio en el país.
