Alerta máxima en el Gobierno por posible devolución masiva de bienes incautados a narcotraficantes
Una situación de emergencia jurídica se vive en las altas esferas del Gobierno colombiano ante la posibilidad real de que 19.869 bienes incautados a poderosos narcotraficantes, avaluados en 6 billones de pesos, deban ser devueltos a sus antiguos dueños. Esta alarmante perspectiva surge tras una decisión del Consejo de Estado que ha suspendido provisionalmente un instructivo clave sobre la caducidad de medidas cautelares.
La excepción que podría costar billones
El origen del conflicto se remonta al Instructivo Administrativo No. 9 emitido el 2 de noviembre de 2022 por la Superintendencia de Notariado y Registro. Este documento establecía que los bienes en proceso de extinción de dominio no estaban sujetos a la caducidad de 10 años que normalmente aplica a las medidas cautelares según la Ley 1579 de 2012.
Sin embargo, una demanda presentada por el ciudadano Édgar Javier Navia ante el Consejo de Estado ha logrado que se suspenda provisionalmente este instructivo mientras se toma una decisión de fondo. La medida, según fuentes consultadas, "podría afectar casi la totalidad de bienes incautados a la mafia" que llevan más de una década en procesos de extinción.
Los narcotraficantes que recuperarían sus propiedades
La investigación de EL TIEMPO revela que entre los beneficiados por esta situación estarían:
- Enilce López, alias 'La Gata', fallecida chacera vinculada a estructuras criminales
- Juan Carlos Ramírez, alias 'Chupeta', reconocido capo del narcotráfico
- Los hermanos Álvarez Meyendorff, vinculados a redes de corrupción
- Helmer 'Pacho' Herrera, extinto capo del cartel de Cali
- Carlos Antonio Moreno Tuberquia, ligado al 'clan del Golfo'
Estos bienes representan el 56,8% del inventario total administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo haciendas, inmuebles de alto valor, empresas agropecuarias, hoteles, mansiones y vehículos de lujo.
La respuesta institucional y las críticas
El superintendente Ricardo Agudelo Sedano explicó que, consciente de los efectos de la decisión, su entidad proyectó una circular el pasado 13 de febrero dirigida a todos los registradores. Esta establece que se debe avisar previamente a la autoridad judicial y a la SAE ante solicitudes de levantamiento de medidas cautelares relacionadas con extinción de dominio.
"Lo que se busca es que, de manera urgente, se envíe nuevamente la solicitud de medida cautelar que impida el levantamiento de dichas inscripciones", afirmó Agudelo Sedano, quien destacó el trabajo conjunto con la SAE y la Fiscalía.
Sin embargo, voces dentro del mismo Gobierno consideran que esta medida es tardía e insuficiente, advirtiendo sobre el riesgo de una avalancha de devoluciones mientras se tramitan nuevas medidas cautelares. Expertos consultados coinciden en que el instructivo demandado "no tiene fuerza legal para hacer una excepción a una ley de la República" y que probablemente será anulado por el Consejo de Estado.
Un efecto búmeran con consecuencias billonarias
La situación ha prendido todas las alarmas en la Fiscalía, la judicatura y la SAE, pues el efecto inmediato de la suspensión del instructivo podría traducirse en:
- Cancelación masiva de embargos sobre bienes incautados
- Devolución de propiedades que llevan más de diez años en procesos de extinción
- Pérdida de activos estratégicos en la lucha contra el narcotráfico
- Un precedente peligroso para futuros procesos de extinción de dominio
La urgencia del caso ha llevado a llamados por un plan de emergencia que evite lo que algunos califican como una "devolución masiva de bienes incautados a la criminalidad organizada", en un momento donde la lucha contra el narcotráfico y la corrupción requiere de todas las herramientas jurídicas y administrativas disponibles.
