Las ruinas del narcotráfico: el abandono de propiedades incautadas en el Valle del Cauca
Más de tres décadas después del desmantelamiento del Cartel de Cali, el Estado colombiano ha demostrado una incapacidad crónica para proteger y administrar los costosos bienes incautados a los capos del narcotráfico. En el Valle del Cauca, donde se concentra más del 35% de estas propiedades a nivel nacional, mansiones otrora lujosas se han convertido en postales del abandono, devoradas por la maleza y el tiempo.
Un modelo mal concebido desde el inicio
El sistema de gestión de bienes incautados nació con graves deficiencias estructurales. Durante los años 90, en pleno auge de la lucha contra el narcotráfico, fiscales especializados -conocidos como 'fiscales sin rostro'- se vieron obligados a realizar tareas absurdas como comprar alimento para caballos de paso fino o cotizar mantenimiento para vehículos de lujo importados. Sus oficinas se transformaron en bodegas improvisadas para guardar dinero, oro, relojes y obras de arte decomisadas.
"El Estado es ineficiente y no fue creado para administrar ni para hacer producir bienes", explica Eduardo Castillo, exfiscal sin rostro durante la época más intensa de la lucha contra los carteles. "Te voy a poner un ejemplo: en los años 90, cuando los carteles de Cali y Medellín aún no estaban enfrentados, Fabio Ochoa se vino desde Medellín en un Porsche y lo paran en una carretera del Valle, lo capturan y le inmovilizan ese vehículo. Para hacerle el mantenimiento había que traer un mecánico de la Porsche desde Inglaterra y eso costaba millones", recuerda.
La amenaza de las acciones de repetición
Los fiscales enfrentaban un dilema adicional: el temor a las acciones de repetición los obligaba a garantizar el mantenimiento de los bienes incautados. Si el investigado era eventualmente absuelto, las propiedades debían ser devueltas en las mismas condiciones en que fueron tomadas, so pena de que los funcionarios respondieran con su propio patrimonio.
Esta situación generó un círculo vicioso donde el Estado asumía costos exorbitantes para mantener propiedades que no generaban rentabilidad alguna. "Si usted multiplica 36.000 bienes por diez millones de pesos, promediando por lo bajo lo que cuesta tener una o dos personas de seguridad vigilándolas, estamos hablando de $360.000 millones mensuales", explica el analista Diego Luis Sánchez.
Postales del abandono en el Valle del Cauca
El departamento del Valle del Cauca se ha convertido en el epicentro de este fracaso institucional:
- Las casas campestres de Hélmer 'Pacho' Herrera a orillas del Lago Calima, otrora joyas arquitectónicas, hoy son esqueletos de concreto invadidos por la vegetación.
- La réplica del Club Colombia que José 'Chepe' Santacruz construyó después de que le negaran el ingreso al original, ahora es un cascarón vacío donde aún buscan supuestas caletas.
- La casa de Santa Mónica donde se escondió Gilberto Rodríguez Orejuela y el edificio de la Calle 5 con Carrera 66 en Cali, del que incluso se llevaron el ascensor, completan este paisaje de deterioro.
De la DNE a la SAE: un cambio de nombre sin transformación real
La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), manchada por escándalos de corrupción y favorecimiento político, fue liquidada en 2010. En su lugar se creó la Sociedad de Activos Especiales (SAE), pero según los expertos, esto representó apenas un lavado de cara sin cambios estructurales profundos.
Willy Valdivia, especialista en inteligencia artificial aplicada a seguridad nacional, señala que "el tema de bienes en poder de la Dirección de Estupefacientes y ahora de la Sociedad de Activos Especiales está íntimamente relacionado con el nivel de impunidad dentro del sistema judicial colombiano". Agrega que "gran parte de esos narcotraficantes y personas vinculadas al lavado de activos que son detenidas, y a quienes se les ha intervenido este inmenso número de propiedades, quedan incautados en el papel, pero realmente los narcotraficantes o criminales todavía ejercen poder efectivo sobre esas propiedades".
La corrupción permea el sistema
La figura de asignación provisional de bienes, diseñada para entregar propiedades en custodia a fundaciones u organizaciones a cambio de arrendamientos bajos, pronto fue permeada por la corrupción. Jueces, fiscales, familiares, amigos e incluso dirigentes políticos terminaron viviendo en las mansiones de los capos, pagando cifras irrisorias y buscando obtener la propiedad definitiva.
Propuestas para un cambio estructural
Felipe Tascón Recio, economista y doctor en ciencia política, propone cambios radicales en la política de gestión de bienes incautados: "La única forma de impedir esto es crear las condiciones para la monetización o traslado rápido a reforma agraria de los bienes incautados".
Entre las soluciones planteadas se encuentra adoptar modelos exitosos de otros países como Uruguay, donde la ley establece que a los seis meses de la incautación -si el afectado no demuestra su buena fe- el Estado debe rematar los bienes. El producto de la venta se deposita en valores financieros ajustados por el IPC, conservando su poder adquisitivo mientras se define el fallo judicial.
Un problema que crece exponencialmente
Mientras el Estado colombiano no implemente reformas estructurales, el problema continuará agravándose. Actualmente, la SAE administra más de 36.000 propiedades a nivel nacional, con una acumulación de deudas prediales y administrativas que en Cali alone bordea el billón de pesos en el último lustro.
El exdirector de la SAE Seccional Valle advierte: "Es obvio que hay que cambiar la norma, porque el modelo fue diseñado para que no funcionara. Pero hay ejemplos exitosos en otros países de América Latina que se pueden ajustar al sistema en Colombia, si hay voluntad".
Mientras tanto, las ruinas del narcotráfico en el Valle del Cauca siguen siendo un testimonio mudo de las fallas institucionales y la falta de voluntad política para resolver un problema que, lejos de disminuir, continúa creciendo a la sombra de la impunidad y la burocracia.
