El deterioro de los bienes incautados al narcotráfico
Las propiedades que en su momento representaron el máximo esplendor y poderío de los capos del extinto Cartel de Cali, hoy se encuentran en un estado de total abandono y deterioro. Lo que fueron mansiones lujosas, fincas de recreo y edificaciones emblemáticas, han terminado convertidas en escombros debido a la falta de protección por parte del Estado colombiano.
Falta de vigilancia y saqueo sistemático
La ausencia de medidas de seguridad adecuadas ha permitido que estas propiedades, que se encuentran bajo custodia estatal, sean víctimas de un saqueo constante. Personas inescrupulosas han aprovechado la desprotección para buscar supuestas caletas o escondites de dinero y valores, causando daños estructurales irreparables en los inmuebles.
Este fenómeno no solo representa una pérdida patrimonial significativa, sino que también evidencia las graves falencias en la gestión de los bienes incautados al narcotráfico. Muchas de estas propiedades, ubicadas en zonas estratégicas del país, podrían tener un uso social o productivo si se mantuvieran en condiciones adecuadas.
Un patrimonio que se desvanece
El caso del Cartel de Cali es particularmente emblemático, ya que durante su apogeo en las décadas de 1980 y 1990, sus líderes acumularon una fortuna inmensa que se materializó en propiedades de alto valor. Sin embargo, tras la desarticulación de la organización criminal, el Estado no ha podido garantizar la preservación de estos bienes.
Expertos en temas de seguridad y gestión patrimonial señalan que esta situación refleja un problema más amplio: la incapacidad institucional para administrar adecuadamente los activos decomisados a organizaciones criminales. La corrosión, el vandalismo y el abandono han convertido lo que fueron símbolos de opulencia ilícita en testimonios mudos de la impunidad y la desidia.
La degradación de estas propiedades no solo tiene consecuencias económicas, sino también simbólicas, pues demuestra las dificultades que enfrenta el Estado colombiano para gestionar eficazmente los frutos del crimen organizado, incluso décadas después de haber sido incautados.
