Investigaciones federales en EE. UU. involucran al presidente colombiano
Fuentes oficiales en Washington han confirmado que dos fiscalías federales de Estados Unidos están adelantando pesquisas preliminares que mencionan al presidente colombiano Gustavo Petro en el marco de investigaciones sobre narcotráfico internacional. Según la información obtenida, las pesquisas se centran en casos de tráfico de drogas, pero no tienen como objetivo exclusivo al mandatario colombiano.
El alcance de las investigaciones
Las fiscalías especializadas en narcotráfico internacional, ubicadas en Brooklyn y Manhattan, estarían evaluando posibles reuniones del presidente Petro con narcotraficantes, así como la eventual entrada de dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022. Estas investigaciones cuentan con el apoyo de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.
Sin embargo, tanto las fuentes consultadas como el reporte original del The New York Times subrayan que las pesquisas se encuentran en fase preliminar y no está claro si derivarán en cargos formales contra el presidente colombiano. Tampoco existe evidencia de que la Casa Blanca haya tenido un rol directo en la apertura de estos procesos.
Contexto político y tensiones bilaterales
La revelación de estas investigaciones se produce en un contexto de tensiones políticas entre Colombia y Estados Unidos. En septiembre pasado, la administración del presidente Donald Trump descertificó a Colombia por incumplir compromisos en la lucha contra las drogas, citando expresamente a Petro como responsable del aumento de cultivos ilícitos.
Posteriormente, el Departamento de Estado retiró la visa al mandatario colombiano y lo incluyó en la denominada "lista Clinton", que prevé fuertes sanciones financieras. Esta escalada incluyó acusaciones directas de Trump contra Petro, a quien calificó de narcotraficante y amenazó con bombardeos en Colombia si no se controlaba el tráfico de cocaína.
Reacciones oficiales y defensa del gobierno colombiano
El presidente Petro ha respondido categóricamente a las acusaciones: "Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante", declaró en su cuenta de X. El mandatario recordó su trayectoria de diez años denunciando vínculos entre narcotraficantes y políticos, acción que según él provocó el exilio de su familia.
Respecto a la financiación de su campaña, Petro afirmó: "Siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos". Su hijo, Nicolás Petro, había reconocido ante la justicia colombiana que dineros de origen ilícito ingresaron a la campaña, aunque las autoridades no han presentado cargos contra el presidente.
El gobierno colombiano, a través de su embajada en Washington, emitió un comunicado cuestionando la solidez del reporte periodístico: "El reciente informe de prensa, basado en fuentes anónimas y sin hallazgos concluyentes, debe leerse en su contexto completo y abordarse con la cautela que amerita".
Independencia judicial y especulaciones políticas
Aunque en teoría el Departamento de Justicia y las fiscalías de Nueva York son entidades independientes, desde la llegada de Trump al poder se ha observado un patrón de uso de estas dependencias para perseguir enemigos políticos. Varios casos, incluidos los del exdirector del FBI James Comey y el jefe de la FED Jerome Powell, han sido desechados por las cortes ante la falta de evidencia.
En el caso colombiano, legisladores como el senador Bernie Moreno habían sugerido que Petro y su entorno serían perseguidos como parte de una estrategia para debilitar un supuesto eje integrado por Cuba, Colombia, Venezuela y Nicaragua.
La divulgación de estas pesquisas en la recta final de las elecciones presidenciales colombianas ha generado especulaciones sobre posibles intenciones de influir en el proceso electoral. Tanto en la reunión en la Casa Blanca como en declaraciones públicas, representantes estadounidenses han enfatizado la importancia de garantizar elecciones transparentes sin intervención gubernamental.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni las fiscalías involucradas han ofrecido comentarios públicos sobre el caso, manteniendo el proceso en un estado de incertidumbre mientras continúan las evaluaciones preliminares.
