Una investigación periodística ha destapado un presunto entramado de corrupción mediante el cual narcotraficantes y otros delincuentes estarían haciéndose pasar por integrantes de comunidades indígenas para eludir la justicia ordinaria y obtener beneficios judiciales. El caso más llamativo es el de Juan Carlos Vacca Castillo, alias ‘Dimax’, señalado líder del grupo criminal ‘Los de Dimax’, vinculado con homicidios, extorsiones y tráfico de drogas en el Valle del Cauca. Este hombre fue condenado a más de 41 años de prisión, pero logró ser trasladado desde la cárcel de Villahermosa, en Cali, hacia un resguardo indígena tras ser reconocido como integrante de una comunidad nasa.
Falsos certificados de pertenencia étnica
Según el expediente revelado por el medio Semana, el Ministerio del Interior certificó en 2024 que Vacca Castillo pertenecía al resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida, Valle. Sin embargo, investigadores judiciales aseguraron que el condenado no tendría raíces familiares ni vínculos reales con esa comunidad indígena. Las autoridades también encontraron inconsistencias porque meses después el hombre apareció registrado en otro resguardo completamente distinto, Gran Rosario, en Nariño, perteneciente al pueblo awá. Posteriormente volvió a figurar en otro territorio indígena nasa, ubicado en Santander de Quilichao, Cauca.
Inconsistencias y red de corrupción
Uno de los investigadores consultados por Semana aseguró que las diferencias culturales y jurídicas entre estas comunidades son evidentes y cuestionó que las autoridades judiciales no hubieran detectado las irregularidades. De acuerdo con la investigación, el traslado constante entre resguardos desvirtuaría el fundamento constitucional de la jurisdicción especial indígena. El expediente además advierte sobre posibles fallas graves en los procedimientos administrativos y judiciales, así como una eventual red de corrupción que involucraría cabildos indígenas, juzgados y funcionarios públicos.
La hipótesis principal es que algunos delincuentes estarían pagando grandes sumas de dinero para obtener falsos certificados de pertenencia étnica y así evitar la prisión tradicional. Incluso, investigadores aseguraron que políticos y funcionarios públicos del suroccidente colombiano estarían buscando acercamientos con cabildos indígenas ante eventuales procesos judiciales, lo que aumentó las alertas de las autoridades sobre un posible uso fraudulento de esta figura constitucional.
Este caso pone en entredicho la efectividad de los controles para evitar el abuso de la jurisdicción especial indígena, un derecho constitucional que busca proteger a las comunidades originarias, pero que estaría siendo aprovechado por delincuentes para evadir la justicia.
