Oficiales de contrainteligencia reciben amenazas tras judicialización de 'Papá Pitufo'
En un preocupante desarrollo dentro del proceso judicial contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, varios oficiales de alto rango de la Policía Nacional han denunciado haber recibido amenazas directas a través de WhatsApp. Estos mensajes intimidatorios llegaron justo después de que la Fiscalía presentara la acusación formal en noviembre de 2025 por el caso de contrabando que investigaron durante dos años.
Los mensajes de venganza que alarmaron al equipo investigador
El 15 de noviembre de 2025, el mayor Kevin Castaño Flórez recibió en su celular personal un texto inquietante que marcó el inicio de esta nueva crisis. El mensaje, dirigido específicamente a "coroneles y mayores", anunciaba represalias por las actuaciones dentro del expediente contra Marín Buitrago.
Según la declaración del oficial ante la Fiscalía, el texto contenía frases como: "llegó la hora de mi venganza", "van a sufrir ustedes y sus familias" y "ya empezamos a tocarlos y no vamos a detenernos". El mensaje advertía además que los investigadores "se pusieron a mover arenas que ustedes no conocen" y que ahora "van a pagar" por sus acciones.
Lo más alarmante fue que minutos después, otros miembros del equipo especializado confirmaron haber recibido el mismo contenido:
- La mayor Lorena Fonseca
- El entonces teniente coronel Sergio Alberto Peñaranda
- La teniente coronel Julie Ruíz Solórzano
Todos formaban parte de la cápsula investigativa conformada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia de la Policía y del área anticorrupción de la Dijín que lideró la judicialización del caso.
Coincidencias sospechosas y posibles vínculos criminales
El mayor Castaño explicó en su denuncia que, según información de inteligencia recopilada durante la investigación, Diego Marín habría intentado contactar a integrantes de la banda 'la Inmaculada' para atentar contra su vida, ofreciendo una suma de mil millones de pesos por este propósito.
Las autoridades analizan actualmente si los mensajes amenazantes guardan relación con esta estructura criminal y con su jefe, Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, debido a los presuntos nexos con el entorno de Marín Buitrago.
La denuncia también revela una coincidencia temporal preocupante: el 16 de noviembre, un día después de recibir las amenazas, se conocieron decisiones administrativas dentro de la institución policial que afectaban directamente a miembros del equipo investigador.
- Traslado del teniente coronel Peñaranda a El Plateado, Cauca
- Finalización de la comisión en el exterior de la teniente coronel Solórzano
Para el mayor Castaño, estos movimientos institucionales no fueron casuales y respondían a una estrategia de presión y desestabilización.
Medidas de seguridad y continuidad de las investigaciones
Frente a las amenazas recibidas, el mayor Castaño adoptó medidas preventivas inmediatas:
- Informó a su superior directo sobre la situación
- Dejó constancia escrita de los hechos
- Radicó denuncia formal ante la Fiscalía Quinta Especializada contra la Corrupción
- Entregó los registros digitales de los mensajes como elemento probatorio
Como medida de protección personal, el oficial confirmó que cuenta con disposiciones de seguridad extraordinarias adoptadas por un comité institucional, incluyendo el uso obligatorio de chaleco antibalas y la asignación de arma de fuego.
A pesar de las intimidaciones, Castaño mantiene su compromiso con las investigaciones. Desde su posición como jefe de la comisión del área investigativa anticorrupción en la Dirección de Contrainteligencia, continúa impulsando procesos relacionados con:
- Corrupción asociada al contrabando
- Presuntos vínculos de funcionarios activos y retirados de la Fuerza Pública con organizaciones criminales
- Estructuras de poder paralelas dentro del aparato estatal
Investigación en curso y posibles implicaciones
La Fiscalía General de la Nación adelanta actualmente la verificación del origen de los mensajes amenazantes y su posible conexión con la banda 'la Inmaculada'. Paralelamente, se investigan los presuntos vínculos entre alias Pipe Tuluá y Diego Marín Buitrago, mientras el proceso judicial por contrabando continúa su curso normal.
Este caso representa un desafío significativo para las autoridades colombianas, ya que evidencia la capacidad de estructuras criminales para intentar intimidar a funcionarios encargados de investigar delitos de alto impacto. La protección de los investigadores y la preservación de la independencia judicial se convierten en elementos cruciales para el éxito de este tipo de procesos.
Las amenazas recibidas por los oficiales no solo buscan generar miedo individual, sino que representan un ataque directo al sistema de justicia y a los mecanismos de control estatal. La respuesta institucional a estos hechos marcará un precedente importante para futuras investigaciones contra organizaciones criminales de gran envergadura.
