Nuevo anónimo suplanta correo de abogado para acusar a policías de complot contra Petro
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante el consejo de ministros del 10 de febrero en Montería, donde mencionó un supuesto plan en su contra, han desatado una serie de anónimos y denuncias falsas dirigidas contra oficiales de la Policía que generan incomodidad dentro de su propio Gobierno.
Retiro de oficiales y denuncias falsas
Tras las palabras del mandatario, el brigadier general Edwin Urrego fue llamado a calificar servicios, tras su traslado de la Policía de Barranquilla a la de Cali. Asimismo, se encuentra listo el decreto de retiro del coronel Óscar Moreno, ambos vinculados en un informe de inteligencia al presunto complot para "sembrar" cocaína en un vehículo de la comitiva presidencial.
Tres días después de la alocución presidencial, EL TIEMPO reveló en primicia que uno de los anónimos contra estos oficiales, que también menciona a la familia Char, utilizaba como contacto el correo electrónico del abogado José Fernando Picalúa Ochoa, veedor de la zona de Puerto Colombia en el departamento del Atlántico.
Doble suplantación del abogado Picalúa
Fuentes gubernamentales confirmaron a este diario que el informe de inteligencia, incluso mencionado en redes sociales por el ministro Armando Benedetti, fue elaborado por un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con el objetivo de perjudicar a los oficiales por su trabajo con el alcalde de Barranquilla, Álex Char, y otros políticos.
El abogado Picalúa confirmó a EL TIEMPO que había sido suplantado y así lo informó a la Fiscalía mediante una carta revelada por este medio. "Una vez enterado, me doy cuenta que utilizaron el nombre de mi correo colocando en la falsa denuncia de fuente anónima como medio de notificación, por lo que se puede inferir que se trata posiblemente de una vil patraña para cumplir algún propósito delictivo", declaró el jurista.
Ahora, este diario ha encontrado evidencia de un segundo caso de suplantación del abogado Picalúa, nuevamente presentando supuestas acusaciones contra miembros de la Policía Nacional.
El anónimo de julio de 2025
El nuevo documento anónimo, fechado el 21 de julio de 2025, menciona presuntos pagos de sobornos y casos de prevaricato por omisión. En un nuevo diálogo con EL TIEMPO, el abogado Picalúa Ochoa confirmó que se enteró a través de la Fiscalía sobre este segundo anónimo, ya que, al igual que en la primera ocasión, fue contactado para ampliar la supuesta denuncia por concusión y prevaricato contra varios oficiales destacados en Barranquilla.
En ese momento, según relató el abogado, se estaban realizando operativos por ocupación ilegal de tierras en zonas exclusivas de Puerto Colombia, lo que podría estar relacionado con el contexto de las denuncias.
Registros en la Fiscalía y comunicaciones oficiales
EL TIEMPO tuvo acceso a varios correos electrónicos recibidos por el abogado Picalúa desde julio de 2025. Los mensajes fueron enviados desde la cuenta de un oficial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), solicitando al abogado ampliar la denuncia sobre supuestos hechos de corrupción reportados a través del sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).
En uno de los correos, se lee: "Apreciado ciudadano. Me permito comunicar que su queja tramitada por presuntos hechos de corrupción cometidos al parecer por un señor oficial en el municipio de Puerto Colombia, fue radicada en la fecha 21-07-2025. Sin embargo, una vez verificada dentro del mismo formato de queja, es necesario que se brinde información más amplia con referencia a los hechos denunciados".
Investigación reservada y respuesta del abogado
En otro correo con sello de reservado, recibido el 6 de agosto, un oficial de la Dijín informa que la queja ya cuenta con un investigador criminal asignado. Además, el abogado recibió comunicaciones de los despachos 27 y 9 de la Unidad Local de Intervención Temprana de la Fiscalía, indicando que el caso ya tenía noticia criminal y había sido asignado a la Fiscalía 60 de la dirección seccional del Atlántico.
Frente a esta situación, Picalúa envió un correo a la Fiscalía aclarando que había sido suplantado, desconocía el contenido de la denuncia y que esta era fraudulenta. "Respetado señor investigador: adjunto escrito remitido a la Fiscalía en donde se aclara que no he interpuesto ni noticia criminal ni mucho menos queja dentro del radicado de referencia. Desconozco su contenido, a través de fuente anónima, utilizando fraudulentamente mi correo electrónico como medio de notificación", señaló el jurista en su comunicación.
Silencio de la Fiscalía y consecuencias
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado sobre estos falsos anónimos contra oficiales de la Policía. Mientras tanto, los procesos de retiro del general Edwin Urrego y el coronel Óscar Moreno parecen continuar su curso, en medio de un clima de incertidumbre y denuncias no verificadas que afectan la imagen de la institución policial.
Este caso evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de denuncia y la facilidad con que actores malintencionados pueden utilizar herramientas digitales para desprestigiar a funcionarios públicos, generando un impacto significativo en la confianza institucional y en el desarrollo de investigaciones legítimas.
