Reacción de mandatarios antioqueños ante decisión judicial
La Fiscalía General de la Nación ha suspendido las órdenes de captura que pesaban contra veintitrés cabecillas de grupos delincuenciales organizados de Medellín y el Valle de Aburrá, quienes se encuentran actualmente recluidos en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, ubicada en el municipio de Itagüí. Estos individuos forman parte de la denominada mesa de conversaciones sociojurídicas de paz urbana, un espacio de diálogo entre estructuras criminales y el Gobierno Nacional que ha generado controversia desde su implementación.
Posicionamiento político en redes sociales
La noticia generó una inmediata reacción por parte de dos de las figuras políticas más destacadas de la región antioqueña. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ambos reconocidos opositores al gobierno nacional, utilizaron sus plataformas digitales para expresar su desacuerdo con la medida judicial.
En una publicación cargada de críticas, el mandatario medellinense afirmó: "Primero fue el 'Tarimazo' y luego esto. Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín".
Cuestionamientos al proceso de paz
Gutiérrez profundizó en su crítica al asegurar que no existe lo que denomina la 'mal llamada Paz Total', sino más bien lo que calificó como "una entrega total de Colombia a los peores criminales". El alcalde sugirió que el verdadero objetivo detrás de esta medida sería permitir que estos cabecillas salgan de prisión con la excusa de participar en procesos de paz, para posteriormente realizar actividades proselitistas en los barrios de la ciudad.
"Las estructuras criminales a través de sus cabecillas interferirán en las elecciones a la Presidencia", advirtió Gutiérrez, añadiendo que estos grupos continúan dedicándose a actividades ilícitas como homicidios, extorsiones, explotación sexual de menores y narcotráfico, incluso desde su condición de reclusos.
La respuesta del gobernador Rendón
Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón compartió un video en sus redes sociales donde expresó su rechazo a la decisión de la Fiscalía. Con la frase "Favores se pagan con favores", el mandatario regional insinuó que la suspensión de las órdenes de captura estaría relacionada con intereses políticos en plena época electoral.
Rendón destacó la peligrosidad de los individuos beneficiados por esta medida: "No son cualquiera: responsables de homicidios, extorsión, desapariciones y narcotráfico; durante años han sembrado miedo, reclutan jóvenes y desplazan familias". El gobernador advirtió sobre el riesgo de que, con mayor margen de movilidad, estos cabecillas puedan reorganizar sus estructuras criminales desde dentro del sistema penitenciario.
Impacto en las víctimas y fuerzas del orden
El mandatario antioqueño también manifestó su preocupación por el mensaje que esta decisión envía a las víctimas de estos grupos criminales y al personal de la Fuerza Pública, jueces y fiscales que arriesgaron sus vidas para lograr su captura. "Esto golpea a las víctimas y desconoce el sacrificio de nuestra Fuerza Pública", afirmó Rendón, quien cerró su intervención con un mensaje de resistencia: "Antioquia no se arrodillará. Antioquia siempre resistirá".
La suspensión de las órdenes de captura afecta específicamente a cabecillas que participan en la mesa de paz urbana establecida en la cárcel de máxima seguridad de La Paz en Itagüí, un mecanismo que busca generar acuerdos entre el Estado y estructuras criminales para reducir la violencia en zonas urbanas, pero que ha sido fuertemente cuestionado por sectores políticos y de la sociedad civil.
