Operación conjunta logra extinción de dominio de propiedades vinculadas a paramilitares en Bogotá
En una acción coordinada entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se ejecutó exitosamente una medida de extinción de dominio sobre dos bienes inmuebles ubicados en la localidad de Usaquén, al norte de la capital colombiana. Las propiedades, consistentes en un apartamento y un parqueadero, están avaluadas en aproximadamente 500 millones de pesos y, según las autoridades, estarían relacionadas con antiguos integrantes de estructuras paramilitares desmovilizadas.
Investigación prolongada y participación de unidades especializadas
La operación judicial fue el resultado de varios meses de labores de investigación e inteligencia, en las que participaron activamente:
- El Gaula Militar Cundinamarca
- El Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.° 5
- Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)
Esta colaboración interinstitucional permitió establecer los vínculos entre las propiedades y actividades ilícitas, fundamentando la solicitud de extinción de dominio que finalmente fue ordenada por la justicia.
Vinculación con el Bloque Norte de las AUC y recursos ilícitos
Según la información oficial proporcionada por las autoridades, los bienes incautados estarían directamente asociados al Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La investigación determinó que estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos de origen ilícito, provenientes de actividades criminales desarrolladas por estas estructuras paramilitares.
La medida de extinción de dominio busca afectar directamente las finanzas asociadas a economías ilegales que, a pesar de los procesos de desmovilización formal, continúan siendo objeto de investigación en contextos urbanos como Bogotá. Esta acción representa un golpe significativo al patrimonio acumulado mediante actividades delictivas.
Marco estratégico del Plan Ayacucho Plus
El operativo se enmarca dentro del Plan Ayacucho Plus, una estrategia estatal diseñada específicamente para debilitar estructuras criminales mediante el ataque directo a su patrimonio económico. Esta política busca desarticular las redes delincuenciales afectando sus bases financieras y sus activos materiales.
Sin embargo, las autoridades no proporcionaron detalles específicos sobre la articulación de este operativo con procesos judiciales en curso que permitan esclarecer responsabilidades individuales y evitar la recomposición de redes ilegales. Esta omisión deja abiertas interrogantes sobre el seguimiento procesal que tendrá esta incautación.
La operación en Usaquén demuestra la continuidad de las investigaciones sobre el patrimonio de grupos paramilitares desmovilizados y refuerza la estrategia de atacar las bases económicas del crimen organizado en zonas urbanas del país.
