Petro denuncia que general policial recibió orden de llenar su vehículo de drogas para sabotear reunión con Trump
Petro denuncia sabotaje con drogas para frustrar reunión con Trump

Presidente Petro denuncia presunto plan de sabotaje con drogas para afectar reunión con mandatario estadounidense

En una revelación que ha conmocionado al país, el presidente Gustavo Petro denunció este martes durante el Consejo de Ministros que un alto mando de la Policía Nacional habría recibido la orden de llenar su vehículo oficial con narcóticos con el objetivo de frustrar una supuesta reunión con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el mandatario colombiano, los hechos se remontarían a octubre de 2024, lo que ha llevado a ordenar el retiro inmediato del uniformado mientras se investiga la grave situación.

General Edwin Urrego señalado como presunto involucrado

Aunque inicialmente el presidente Petro no mencionó nombres, posteriormente se conoció que el señalado sería el general Edwin Urrego, oficial con una extensa trayectoria en la institución policial. Urrego se ha desempeñado como director de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y ha ejercido como comandante en importantes ciudades como Barranquilla y Cali, posiciones que le otorgaban acceso a información sensible y recursos institucionales.

En su declaración ante el Consejo de Ministros, el jefe de Estado fue enfático al afirmar que la orden de "llenar su carro de narcóticos" no fue emitida por su Gobierno, lo que sugiere una operación al margen de la cadena de mando oficial. Petro manifestó que esta situación lo mantiene en alerta máxima debido a las implicaciones que tendría para la seguridad presidencial y las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

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Respuesta del general Urrego: niega acusaciones y ofrece pruebas

En entrevista exclusiva con Blu Radio, el general Edwin Urrego calificó los señalamientos del presidente Petro como una "locura" y negó categóricamente cualquier vínculo con el vehículo presidencial o con presuntas operaciones de siembra de drogas. El oficial explicó detalladamente que la custodia y manejo de los automotores del mandatario corresponden exclusivamente a la Casa Militar, no a las funciones que él ejercía dentro de la Policía Nacional.

"Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido", afirmó Urrego con contundencia durante la entrevista. El general destacó que en sus 32 años de carrera policial ha superado múltiples pruebas de confianza, incluyendo evaluaciones realizadas por agencias estadounidenses como HSI (Homeland Security Investigations) e ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Urrego también aclaró un punto adicional que ha circulado en medios: aunque era comandante en Barranquilla cuando se realizó el allanamiento a la casa del exembajador Armando Benedetti, dicho procedimiento obedeció estrictamente a una orden judicial emitida por la magistrada Cristina Lombana, sin intervención personal de su parte.

Interrogantes sobre seguridad presidencial y posibles repercusiones

Este caso ha generado profundas preocupaciones en varios frentes:

  • Seguridad presidencial: La denuncia plantea serias dudas sobre los protocolos de protección del mandatario y posibles vulnerabilidades en el sistema.
  • Cadena de mando policial: Se cuestiona la posibilidad de que órdenes paralelas puedan ejecutarse al margen de la estructura oficial.
  • Implicaciones diplomáticas: La referencia a una reunión con Donald Trump añade una dimensión internacional delicada que podría afectar relaciones bilaterales.
  • Transparencia investigativa: Hasta el momento, la Presidencia no ha presentado pruebas públicas sobre la denuncia ni ha confirmado si el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General o de organismos de control.

La situación se desarrolla en un contexto político complejo, donde las acusaciones de sabotaje internacional elevan significativamente la gravedad del caso. Mientras el general Urrego insiste en su inocencia y ofrece someterse a cualquier prueba para demostrarla, el Gobierno enfrenta el reto de proporcionar evidencias concretas que sustenten una denuncia de esta magnitud, que involucra directamente a las más altas esferas del poder y la seguridad nacional.

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