Presidente Petro destituye a general policial por presunto complot con drogas
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó la decisión de retirar del servicio activo al general de la Policía Nacional Edwin Masleider Urrego, a quien acusó directamente de haber intentado colocar sustancias psicoactivas en uno de los vehículos oficiales de la presidencia. Según las declaraciones del mandatario, este presunto acto tenía como objetivo principal sabotear la importante reunión que sostuvo en Washington con el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, generando una grave crisis institucional.
Denuncia durante consejo de ministros en Montería
Durante un consejo de ministros celebrado en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, el jefe de Estado colombiano reveló detalles sobre lo que calificó como un complot en su contra. Petro aseguró que, antes de su encuentro en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, ya había ordenado el retiro del servicio de un alto oficial policial, aunque en ese momento no mencionó nombres específicos para preservar el proceso investigativo.
"Alguien le dio la orden específica a ese oficial de colocarle sustancias psicoactivas en uno de los vehículos oficiales con el claro objetivo de evitar que se realizara el encuentro diplomático en Washington", afirmó el presidente durante su intervención, mostrando evidente preocupación por la seguridad presidencial.
Decreto formal de retiro y figura legal utilizada
La salida del general Urrego se formalizó mediante un decreto presidencial firmado este miércoles, donde se dispuso su retiro bajo la figura de "llamamiento a calificar servicios". Esta disposición legal, contemplada en la normativa colombiana, permite el retiro discrecional de oficiales sin que estos pierdan su grado militar y manteniendo su derecho a pensión, aunque en este caso está acompañada de graves acusaciones que podrían derivar en procesos penales adicionales.
Vinculación con allanamiento a casa de ministro Benedetti
Aunque inicialmente evitó mencionar nombres durante sus declaraciones públicas, el presidente Petro estableció una conexión directa entre la presunta maniobra y el allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, ocurrido en Barranquilla durante noviembre de 2025. Este operativo fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia cuando el general Urrego se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad costera, sugiriendo un patrón de comportamiento cuestionable.
Defensa del general Urrego y negación de los hechos
Por su parte, el general Edwin Masleider Urrego, quien hasta ayer ocupaba el cargo de comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se declaró "completamente inocente" de todas las acusaciones formuladas en su contra. En declaraciones a medios locales, el oficial aseguró que no ha recibido ninguna notificación formal sobre investigaciones en su contra y manifestó su disposición a someterse a "cualquier prueba técnica", incluyendo la del polígrafo, para demostrar su integridad profesional.
"La seguridad del señor presidente está bajo la responsabilidad exclusiva de funcionarios de Presidencia que siguen protocolos estrictos, y yo nunca tuve acceso a los vehículos oficiales", afirmó Urrego, desmintiendo categóricamente las versiones presentadas por el mandatario.
Posibles acciones legales y trascendencia penal
El general retirado advirtió sobre las graves implicaciones de las acusaciones presidenciales, señalando que "lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal significativa". Urrego dejó claro que está dispuesto a "aclarar esta situación hasta las últimas instancias", incluyendo la posibilidad de emprender acciones legales para defender su honor y reputación profesional, lo que podría derivar en un enfrentamiento jurídico de alto perfil entre el gobierno y un ex alto mando policial.
Este caso ha generado un intenso debate sobre la seguridad presidencial, las relaciones entre el gobierno y la fuerza pública, y los mecanismos de control sobre los altos mandos de las instituciones de seguridad del Estado colombiano.
