Presidente Petro revela presunto complot y ordena retiro de alto oficial policial
Durante un consejo de ministros celebrado en el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro hizo una revelación impactante que ha generado conmoción en los círculos políticos y de seguridad nacional. El mandatario confirmó haber ordenado el retiro inmediato de un general de la Policía Nacional, a quien acusó de participar en un supuesto complot dirigido en su contra.
Los graves señalamientos del presidente
"Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y tenía como misión destruir la reunión con Trump de alguna manera u otra", declaró Petro durante la sesión de gabinete ministerial. Aunque el presidente no mencionó explícitamente el nombre del oficial involucrado, fuentes cercanas al caso identificaron al afectado como el brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, quien hasta el momento de su salida ejercía como comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
Según la versión presidencial, el plan habría consistido en introducir drogas ilegales en el vehículo oficial del mandatario con el objetivo específico de sabotear una importante reunión que Petro sostendría con el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta acusación representa uno de los señalamientos más graves realizados por un jefe de Estado colombiano contra un miembro de alto rango de la fuerza pública en los últimos años.
Perfil del general señalado
Edwin Masleider Urrego Pedraza es un oficial con una extensa trayectoria de 33 años de servicio en la Policía Nacional. Oriundo del municipio de San Bernardo, en Cundinamarca, su hoja de vida oficial registra más de 217 felicitaciones y 62 condecoraciones recibidas a lo largo de su carrera.
Su experiencia profesional incluye:
- Desempeño en áreas de Policía Judicial en departamentos como Cauca y Quindío
- Servicio en la Policía Fiscal y Aduanera en Atlántico y Norte de Santander
- Ejercicio de cargos de alto nivel en los ministerios del Interior y de Defensa
- Comandancia del Departamento de Policía Cundinamarca
- Dirección de Investigación Criminal e Interpol
- Comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla antes de asumir en Cali
Vinculación con allanamiento a residencia de Benedetti
El nombre del general Urrego había cobrado relevancia pública previamente debido a su presunta vinculación con el allanamiento a la vivienda del actual ministro del Interior, Armando Benedetti. Este operativo, ocurrido el 11 de noviembre de 2025 en el exclusivo sector de Lagos del Caujaral en Barranquilla, fue ordenado por la magistrada Cristina Lombana de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Durante el consejo de ministros, Petro estableció una conexión directa entre ambos hechos, afirmándole a Benedetti: "Ese tiene que ver con usted, le allanó su casa, era para eso". La investigación judicial que motivó el allanamiento buscaba establecer la posible participación del entonces congresista en un presunto entramado de corrupción relacionado con contratos de certificados de aptitud psicofísica para seguridad privada.
La defensa del oficial y ausencia de pruebas
Frente a las graves acusaciones presidenciales, el general Edwin Urrego respondió de manera contundente a través de una entrevista con Caracol Radio, calificando los señalamientos como "una total desinformación" que no se ajusta a la realidad. "Pensar en realizar un acto así iría incluso contra la misma democracia", manifestó el oficial, quien además aseguró no haber tenido oportunidad de presentar su defensa ante las autoridades competentes.
Fuentes judiciales consultadas confirmaron que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia penal formal radicada en la Fiscalía General de la Nación en contra del general Urrego. Tampoco se han presentado pruebas documentales o testimoniales que respalden las acusaciones realizadas desde la Presidencia de la República.
Nuevas tensiones entre Ejecutivo y fuerza pública
Este episodio marca un nuevo capítulo de tensión en las relaciones entre el gobierno nacional y sectores de la fuerza pública, en un contexto caracterizado por versiones contradictorias y la ausencia de evidencias concretas que permitan esclarecer los hechos. La situación ha generado preocupación en diversos sectores políticos y de derechos humanos, quienes han llamado a la transparencia y al debido proceso en la investigación de estas graves acusaciones.
Mientras tanto, desde la Casa de Nariño no se han proporcionado detalles adicionales sobre las supuestas pruebas que sustentarían los señalamientos contra el general retirado, dejando abiertas numerosas interrogantes sobre este caso que continúa desarrollándose en medio de un clima de polarización política y institucional.
