Procuraduría investiga campaña de desinformación contra exgobernador de Caldas en redes sociales
Un caso de presuntos ataques y desinformación en redes sociales ha escalado a la Procuraduría General de la Nación, luego de que un exgobernador del departamento de Caldas denunciara una serie de publicaciones difamatorias en su contra. La investigación se centra en el uso de plataformas digitales como escenario de señalamientos públicos que, según la queja presentada, habrían afectado directamente su reputación y generado dudas sobre la institucionalidad regional.
Cargos formulados contra exdiputado por presunta campaña de ataques
La Procuraduría formuló cargos disciplinarios contra el exdiputado de la Asamblea de Caldas, Mauricio Londoño Jaramillo, por presuntamente adelantar una campaña de desinformación a través de su cuenta en la red social X contra un exgobernador del departamento. De acuerdo con la queja presentada por el exmandatario, los hechos se remontan al año 2023, cuando Londoño Jaramillo habría publicado numerosos mensajes en los que lo señalaba directamente, utilizando calificativos como "corrupto" y "mentiroso".
Según el expediente de la Procuraduría, estas afirmaciones habrían sido difundidas sin contar con soporte probatorio alguno y le atribuían conductas injuriosas, lo que habría impactado significativamente su imagen pública. El ente de control ahora busca establecer si esas publicaciones, que al parecer distorsionaban información oficial y contenían expresiones de desprestigio, afectaron la honra y el buen nombre del exgobernador, así como la confianza ciudadana en las instituciones de Caldas.
Posibles delitos y alcances de la investigación
En esta etapa del proceso, la Procuraduría Regional de Instrucción de Caldas calificó la posible conducta del exfuncionario como una falta grave, a título de dolo, lo que implica que habría existido intención deliberada en la difusión de los mensajes difamatorios. Además, la entidad fue enfática en señalar que la libertad de expresión no ampara la desinformación deliberada, ni la divulgación de acusaciones sin sustento probatorio.
El caso continúa en curso y será la Procuraduría General de la Nación la encargada de determinar si el exdiputado es responsable disciplinariamente por los hechos señalados. La investigación también examina el impacto de estas publicaciones en la percepción pública sobre la gestión del exgobernador y en la credibilidad de las instituciones departamentales.
La Procuraduría ha reiterado que el uso de redes sociales para difundir información falsa o calumniosa constituye una violación a los principios éticos y disciplinarios que rigen a los servidores públicos, incluso después de haber dejado sus cargos. Este caso marca un precedente importante en cómo las autoridades colombianas abordan los ataques digitales contra figuras públicas y la responsabilidad de quienes los perpetran.
