Chats encriptados destapan compleja red de corrupción en la Policía Nacional
Una investigación periodística del diario El Colombiano ha revelado una alarmante red de corrupción dentro de la Policía Nacional, donde uniformados habrían puesto sus funciones al servicio del Clan del Golfo. Los hallazgos, basados en chats encriptados obtenidos a través de la plataforma Sky ECC, muestran transacciones ilegales que alcanzarían hasta los $80 millones de pesos por favores criminales.
Interceptaciones ilegales para objetivos del narcotráfico
En uno de los casos más graves, un policía adscrito a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) utilizó recursos estatales para interceptar el celular de la esposa de un objetivo criminal, siguiendo órdenes directas de Jhon Henry González Herrera, señalado como operador financiero del cartel. El uniformado no solo aceptó el encargo, sino que empleó la Sala de Interceptaciones del Estado para acceder a información sensible que luego entregó al grupo criminal.
El análisis, conocido técnicamente como "análisis link", permitió rastrear más de 2.000 llamadas, identificar patrones de comunicación y ubicar localizaciones frecuentes del objetivo en el Valle del Cauca. El reporte incluía incluso movimientos específicos durante fines de semana, evidenciando un seguimiento minucioso que, en lugar de servir a la justicia, fue utilizado por el Clan del Golfo para sus propios fines.
Expediente de 200 folios revela red extensa de corrupción
Los chats desencriptados forman parte de un expediente de más de 200 folios revelado por la Fiscalía General de la Nación, que documenta una red de contactos que incluía:
- Funcionarios de la Policía Nacional
- Empleados de la Fiscalía
- Personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)
- Integrantes de la Fuerza Pública venezolana
Uno de los apartes más delicados expone los intentos de bloquear investigaciones por lavado de activos contra "Medio Labio" y su entorno. A través de sobornos y presiones, el narco buscó interferir en procesos judiciales, incluso planeando acercamientos indebidos a altos oficiales. En un mensaje particularmente preocupante, se sugiere ubicar la residencia de un coronel para presionarlo en caso de no aceptar un posible soborno.
Estrategias criminales para manipular instituciones
Las conversaciones revelan múltiples estrategias empleadas por el cartel para manipular instituciones estatales:
- Manipulación de traslados de funcionarios clave
- Amenazas directas a investigadores comprometidos
- Acceso ilegal a información confidencial y clasificada
- Pagos a funcionarios de Migración Colombia para evitar registros negativos en aeropuertos
- Ofertas de salidas irregulares del país sin controles oficiales
- Contactos dentro del sistema penitenciario para facilitar traslados de presos
En un caso especialmente grave, el grupo intentó comprar una lista de "narcos invisibles" elaborada por la Fiscalía, ofreciendo hasta $80 millones por obtenerla. Esta lista contenía nombres de presuntos criminales de alto perfil que operaban bajo apariencia de empresarios legítimos.
Interés en información estratégica y autoridades implicadas
Otro elemento clave fue el interés del cartel en acceder a una memoria USB incautada a familiares de Dairo Úsuga, conocido como "Otoniel", máximo líder del Clan del Golfo. Este dispositivo contenía información estratégica sobre las operaciones del cartel y fue considerado de alto valor para sus integrantes.
Las autoridades han identificado a varios uniformados implicados, entre ellos un patrullero y un teniente coronel de la Policía, aunque hasta el momento no se han emitido órdenes de captura en su contra. La investigación sigue en curso para determinar el alcance real de esta red de corrupción que parece extenderse profundamente dentro de las instituciones.
"Medio Labio", capturado recientemente en Envigado, enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y cohecho. Aunque se declaró inocente, la Fiscalía ya le imputó varios sobornos documentados en los chats, incluyendo el pago por el análisis telefónico ilegal y la compra de información confidencial.
Este escándalo pone en evidencia la profundidad de la infiltración criminal en el Estado colombiano y plantea interrogantes fundamentales sobre la integridad de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico. Mientras avanzan las investigaciones, el caso se perfila como uno de los episodios más graves de corrupción institucional en los últimos años en Colombia.
