Gobierno formaliza salida de general policial acusado por presidente Petro
El Gobierno Nacional ha expedido formalmente el Decreto 0147 mediante el cual dispuso el retiro del servicio activo del brigadier general Edwin Urrego Pedraza, quien se desempeñaba como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. La decisión administrativa se adoptó bajo la figura legal de "llamamiento a calificar servicios", de acuerdo con lo establecido en la Ley 857 de 2003, que regula este tipo de procedimientos en la fuerza pública.
Contexto de las acusaciones presidenciales
La medida gubernamental se conoció apenas unos días después de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente la existencia de un presunto entramado destinado a vincularlo con actividades de narcotráfico. Durante una intervención en el Centro de Convenciones de Montería, en el departamento de Córdoba, el mandatario hizo referencia explícita a un oficial de alto rango al que había ordenado retirar de la institución policial.
"Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una orden extraña, que no le dimos nosotros, de llenar mi carro de narcóticos y evitar mi reunión con Trump. Eso me pone en alerta, porque eso viene desde octubre del año pasado", expresó el jefe de Estado ante miembros de su gabinete ministerial. En esa misma declaración, Petro estableció una conexión con el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmando: "Tiene que ver con usted… le allanó su casa, era para eso".
Detalles del decreto administrativo
El documento oficial, firmado el 11 de febrero de 2026 por el viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Andrés Baquero Maldonado -quien se encontraba encargado de las funciones del Ministerio de Defensa-, ordena específicamente que el oficial sea separado de su cargo a partir del momento en que se comunique formalmente el acto administrativo. El general Urrego, quien cuenta con más de 31 años de servicio continuo en la institución policial, recibirá esta notificación a través de los canales establecidos.
En el decreto se precisa además que, conforme al artículo 145 del Decreto 1212 de 1990, el oficial continuará dado de alta en la respectiva pagaduría durante un período de tres meses completos, tal como establece la normativa vigente para estos casos. La comunicación oficial de la medida y su implementación práctica quedaron bajo la responsabilidad directa de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional.
Marco legal del retiro por llamamiento
El retiro por llamamiento a calificar servicios representa una de las causales específicamente previstas para oficiales y suboficiales de la Policía Nacional colombiana. Según la normativa aplicable, este procedimiento legal procede cuando el uniformado cumple con todos los requisitos necesarios para acceder a la asignación de retiro correspondiente, sin que ello implique necesariamente la pérdida del grado militar alcanzado durante su carrera.
Esta figura jurídica permite al Estado reorganizar sus cuadros de mando mientras garantiza los derechos adquiridos por los miembros de la fuerza pública, estableciendo un equilibrio entre las necesidades institucionales y las garantías laborales de los servidores públicos uniformados.
Implicaciones institucionales y políticas
La situación del general Urrego se enmarca dentro de un contexto más amplio de tensiones entre el gobierno nacional y ciertos sectores de la fuerza pública, particularmente después de las declaraciones presidenciales que sugieren la existencia de operaciones encubiertas destinadas a afectar la imagen internacional del mandatario. Las referencias a una presunta orden de "llenar mi carro de narcóticos" antes de una reunión con el entonces presidente estadounidense Donald Trump añaden un componente de seguridad nacional a este caso administrativo.
El desarrollo de estos eventos ocurre mientras Colombia enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, con la institución policial jugando un papel central en ambas dimensiones. La salida de un oficial de alto rango bajo estas circunstancias inusuales genera inevitablemente interrogantes sobre la dinámica interna de las fuerzas de seguridad y su relación con el poder ejecutivo.
