Tribunal de Bogotá revisará condena a policía por tortura en estación de Transmilenio
Revisan condena a policía por tortura en Transmilenio

Revisión judicial de caso de tortura en sistema de transporte masivo

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tiene previsto resolver este miércoles 11 de febrero el recurso de apelación interpuesto por la defensa del patrullero Henry David Clemente Saavedra, quien fue condenado en primera instancia por los delitos de tortura agravada y privación ilegal de la libertad. Este caso judicial ha generado amplia atención pública debido a la gravedad de los hechos ocurridos dentro del sistema Transmilenio.

Detalles del caso de violencia policial

Los eventos que dieron origen a este proceso judicial se remontan al 7 de julio de 2020, cuando Davidson Vargas, un joven ciudadano, intentó ingresar sin pagar el pasaje a una estación de Transmilenio ubicada en el norte de Bogotá. Al percatarse de la presencia de agentes policiales, el joven desistió de su propósito inicial, pero fue interceptado posteriormente por el entonces patrullero Clemente Saavedra en el puente de acceso al sistema de transporte.

Según la documentación presentada por la Fiscalía General de la Nación, el uniformado apuntó con su arma de dotación al joven y lo detuvo bajo el supuesto de que se trataba de un delincuente. Posteriormente, Clemente trasladó a la víctima contra su voluntad hasta la estación de la Calle 106, donde se unieron los auxiliares Brian Camilo Gamboa y César Estiven Daza.

Actos sistemáticos de tortura documentados

Los hechos más graves ocurrieron cuando los tres uniformados condujeron al joven hasta el puente de la calle 106 con Autopista Norte. En ese lugar, según las pruebas recopiladas por las autoridades judiciales, los agentes sometieron a Davidson Vargas a actos sistemáticos de violencia física que constituyen tortura según la legislación colombiana.

La Fiscalía documentó que los uniformados:

  • Golpearon repetidamente a la víctima con bastones de mando
  • Le quemaron el cabello durante la agresión
  • Causaron heridas graves que requirieron hospitalización inmediata

Debido a la severidad de las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Santa Clara, donde permaneció bajo observación médica por un cuadro clínico derivado de la violencia física extrema.

Sustento probatorio y condena inicial

La acusación fiscal se fundamentó en un sólido cuerpo probatorio que incluyó testimonios directos, material audiovisual y valoraciones periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los expertos forenses concluyeron que las lesiones presentadas por Davidson Vargas eran compatibles con actos de tortura y violencia sistemática.

En primera instancia, el juzgado correspondiente impuso al patrullero Henry David Clemente Saavedra una pena de 14 años y 8 meses de prisión, considerando la gravedad de los delitos cometidos y la condición de autoridad del acusado. Esta sentencia ahora es objeto de revisión en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Proceso de apelación en curso

La audiencia programada para este miércoles se centrará en el análisis exhaustivo de los argumentos presentados por la defensa del uniformado, que busca principalmente la revocación o modificación sustancial de la condena inicial. Los magistrados evaluarán tanto los aspectos formales como materiales del proceso anterior.

La decisión que adopte el Tribunal Superior de Bogotá será determinante para el curso final de este caso, ya que podrá confirmar la condena impuesta en primera instancia, modificarla parcialmente o, en un escenario menos probable según los analistas jurídicos, revocarla completamente. Hasta que se produzca el pronunciamiento oficial de segunda instancia, el proceso judicial continúa su curso normal dentro del sistema de justicia colombiano.

Este caso representa un examen significativo para el sistema judicial en materia de abuso de autoridad y violencia institucional, particularmente en el contexto del transporte público capitalino. La resolución final enviará un mensaje importante sobre los límites del uso de la fuerza por parte de las autoridades y las garantías de protección a los derechos fundamentales de los ciudadanos.