Fiscalía detalla funcionamiento de suspensión de capturas a voceros criminales de Antioquia
La Fiscalía General de la Nación ha proporcionado información crucial sobre cómo operará la suspensión de órdenes de captura contra 23 personas reconocidas como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) en Medellín y el Valle de Aburrá. Esta decisión, formalizada mediante la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, responde a una solicitud directa de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz realizada el 24 de febrero.
Condiciones específicas de la medida judicial
A través de un comunicado oficial, la entidad judicial ha aclarado varios aspectos fundamentales de esta suspensión:
- La medida no implica la concesión de libertad para quienes ya se encuentren privados de ella en centros penitenciarios cumpliendo condenas, medidas de aseguramiento u otros requerimientos judiciales.
- Las suspensiones tendrán una vigencia inicial de seis meses, con el objetivo específico de permitir la participación de estas personas en Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional.
- La medida no excluye delitos graves como secuestro, extorsión, violaciones a derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, por los cuales podrían ser capturados en flagrancia.
Ámbito geográfico y contexto de las negociaciones
La orden de suspensión se aplicará específicamente en Medellín, los municipios del Valle de Aburrá y Rionegro en Antioquia, zonas donde el gobierno espera realizar encuentros y actividades relacionadas con este proceso de sujeción a la justicia. Esta decisión se tomó en medio de las negociaciones de paz que se desarrollan en la cárcel de Itaguí, reflejando un esfuerzo institucional por avanzar en el sometimiento de los grupos criminales que operan en la región.
Lista de beneficiarios y situación legal
Entre los 23 hombres cobijados por la resolución se encuentran:
- Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber
- Andrés D'maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo
- Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas
- Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe
- Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio
- Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa
- Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo
La lista completa incluye además a Freyner Alfonso Ramírez García (alias Carlos Pesebre), Gustavo Adolfo Pérez Peña (alias El Montañero), Iván Darío Suárez Muñoz (alias Iván El Barbado), Jesús David Hernández Grisales (alias Chaparro), Jhon Fredy Yepes Hoyos (alias Clemente), Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (alias Vallejo), José Leonardo Muñoz Martínez (alias Douglas), Juan Camilo Rendón Castro (alias Saya), Juan Carlos Mesa Vallejo (alias Tom), Juan Fernando Álvarez (alias Juan 23), Mauricio de Jesús Morales Múnera (alias El Abogado), Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (alias El Compa), Paulo Andrés Torres Flórez (alias Pocho), Rodrigo Henao Acevedo (alias Perica), Sebastián Murillo Echeverri (alias Lindolfo) y Walter Alonso Román Jiménez (alias El Tigre).
Siete de estos individuos ya recuperaron la libertad en los últimos dos años tras cumplir sus condenas, período durante el cual participaron activamente en los acercamientos de paz. Este grupo incluye a Gustavo Adolfo Pérez Peña, Albert Antonio Henao Acevedo, Andrés D'maría Oliveros Correa, Jhon Fredy Yepes Hoyos, Mauricio de Jesús Morales Múnera, Fredy Alexánder Henao Arias y Rodrigo Henao Acevedo.
Reacciones y contexto político
La medida ha generado intensas críticas hacia el Gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente por otorgar este beneplácito a cabecillas de bandas criminales operantes en Medellín y Antioquia. La polémica se enmarca en un contexto más amplio de negociaciones de paz que buscan la desmovilización de estructuras criminales, aunque algunos sectores cuestionan los métodos y concesiones implementados en este proceso.
La Fiscalía ha enfatizado que esta suspensión representa un instrumento temporal para facilitar diálogos, manteniendo intactas las responsabilidades penales de los involucrados y preservando la posibilidad de captura inmediata en caso de cometer nuevos delitos graves durante el período de vigencia de la medida.
